Procesados por casos de corrupción constan en el padrón de voto carcelario

El padrón electoral de las personas privadas de la libertad consta de 8.307 electores (7.862 hombres y 445 mujeres) de 40 centros penitenciarios en el país que votarán mañana. De este total, 4.120 detenidos pertenecen a Guayas.

Estas cifras podrían variar el día de las elecciones ya que un gran número de internos recuperó su libertad o han recibido una sentencia, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

El artículo 62 de la Constitución y el artículo 11 del Código de la Democracia establecen que el voto es obligatorio para los ecuatorianos mayores de 18 años, incluyendo los presos sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

El pasado 18 de agosto se cerró el registro electoral de los presos, en el que constarían investigados en presuntos casos de corrupción, así como exfuncionarios públicos procesados en otras causas.

En el primer grupo constaría Daniel Salcedo Bonilla, sentenciado en primera instancia a cuatro años de prisión por fraude procesal. Junto con su hermano Noé Salcedo, y los hermanos Dalo y Jacobo Bucaram Pulley, son investigados por el presunto delito de delincuencia organizada para la venta de medicamentos durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En junio pasado Salcedo sufrió un accidente en avioneta cuando intentó fugarse a Perú y en julio pasado le dictaron prisión preventiva.

Ahora está en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi tras la difusión de un video en que aparece cantando.

En cambio, otros quedarían fuera del proceso, ya que ingresaron a los centros de rehabilitación luego del cierre del padrón electoral, como Jacobo Bucaram Pulley, quien fue detenido el pasado 25 de septiembre por la Policía de Colombia, de donde fue expulsado por temas migratorios, y ahora se encuentra recluido en la Cárcel 4, en Quito.

Aunque según su abogado defensor, Alfredo Arboleda, señala que sí votará, “luego de los procedimientos que debe establecer la institución encargada, ya que él no tiene suspendido sus derechos”.

En el segundo grupo está Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa, recluido en el Centro de Rehabilitación de El Inca, en Quito, desde el 21 de febrero que llegó a Ecuador, luego de ser extraditado desde España.

Ha apelado la sentencia impuesta el 14 de agosto pasado de 9 años de cárcel como autor mediato del plagio del activista político Fernando Balda.

Tampoco podrá ejercer su derecho al voto el exvicepresidente Jorge Glas, quien tiene dos sentencias en firme: por asociación ilícita, de seis años de prisión, y por cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos, de ocho años de cárcel. Permanece en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, de Latacunga.

De igual manera no podrán sufragar el expresidente Correa, quien fue sentenciado a ocho años de prisión por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016. En el mismo caso fueron sentenciados el exsecretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera, los ex ministros Walter Solís y Vinicio Alvarado, entre otros.

Protocolo del proceso

En el proceso electoral de los presos, al igual que los comicios generales del próximo domingo, se aplicarán medidas de bioseguridad por la pandemia.

Según un video difundido en redes sociales por el SNAI, en los centros de privación de libertad donde existan más de 50 electores el sufragio se realizará mediante la conformación de las Juntas Receptoras del Voto.

Mientras que en los centros con igual o menor a 5o electores el voto se realizará en sobre cerrado.

La JRV estará integrada por el director del centro de privación de la libertad, quien será el presidente, un servidor del Consejo electoral actuará como secretario y un persona privada de la libertad.

El personal encargado de acudir a los centros de Rehabilitación Social deberán usar en todo momento los insumos de bioseguridad y realizar la desinfección de manos y mantener el distanciamiento. (I)