Por varias décadas el régimen cubano ha sido acusado de tener presos políticos y la organización de derechos humanos Cuban Prisioners Defenders, con sede en Madrid, hace cada cierto tiempo una actualización de la cifra los presos de conciencia.

En el último informe la organización indica que en la isla hay 137 detenidos o condenados por motivos políticos, e informó que la Seguridad del Estado lleva adelante una nueva "estrategia" para hacerlos "claudicar".

Los tres nombres agregados a lista son el pastor apostólico de la Iglesia de Jobabo, Las Tunas, Karel Parra Rosabal; el bloguero Evert Oscar Matos Leyva y Sulaine Videaux Almenares, de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que estuvieron 10, 5 y 3 días en prisión, respectivamente.

En un comunicado la organización precisó que los tres ya están fuera de prisión, pero siguen "sujetos a vigilancia y persecución".

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Además de los 137 de la lista, Cuban Prisoners Defenders defiende a "otros 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como "pre-delictivos", es decir, sin delito".

La organización indicó que el año 2020 se inició con una lista de 126 presos y condenados a la que hasta hoy se sumaron 55 casos y de la que salieron 44, en su mayoría por cumplimiento íntegro de sus condenas y unos pocos por libertad bajo fianza y otras medidas.

A lo largo de los trece meses transcurridos desde el 1 de enero hasta hoy han estado en la lista 181 personas, de las cuales ninguna se ha beneficiado de "un indulto ni rectificación de condena, a pesar de las decenas de denuncias por parte de Amnistía Internacional, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

"El régimen, por tanto, no hace concesión alguna, sino que cambia de condición a aquellos que cree 'desahuciados' moral o físicamente o, especialmente, sobre los que siente mucha presión internacional", señala.

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Entre ellos incluye a Luis Manuel Otero Alcántara, Omar Portieles Camejo, Osmani Mendoza Ferriol, Orlando Triana González, Sandalio Mejías Zulueta y Miguel Daniel Borroto Vázquez, que han salido de prisión con arresto domiciliario.

"El nivel de amenazas al que somete a los condenados domiciliares es altísimo y aquellos que continúan su activismo o bien vuelven a ingresar en prisión o bien son detenidos constantemente y son asediados sus hogares con la expresa orden de no salir de ellos", subraya.

En el extenso informe menciona que han constatado que la Seguridad del Estado de Cuba aplica desde que el actual presidente de EE.UU., Joe Biden, ganó las elecciones de noviembre una estrategia que tiene como fin hacer "claudicar" a los presos de conciencia para que finalmente "traicionen a sus líderes en grabaciones audiovisuales forzadas".

"Con fuertes torturas, golpizas y aislamientos a niveles no habituales, unidos a tentadoras ofertas si claudican, deben conseguir que acepten realizar una grabación de vídeo comprometedora en la que se confiesen mercenarios y acusen a sus líderes de grupo", señala.

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Dichas grabaciones serían usadas en su contra en caso de reanudar su activismo de derechos humanos.

Al mismo tiempo les ofrecerían la libertad condicional, aún bajo gravísimas amenazas de crearles causas muy longevas, permiso para trabajar y posibilidad de expatriación de por vida a Estados Unidos, dicen.

Cuban Prisoners Defenders asegura que Yordanis Labrada Téllez, Alien Muchulí Montoya, Luis Ángel Leyva Domínguez, Yulisneis Richard Viel, Maikel Mediaceja Ramos y Noslén Ayala García han sido sometidos a la "estrategia" con resultados diversos. (I)