La contratación de seguros para Petroecuador se dilata en medio de disputa legal

Una lucha titánica se lleva a cabo en estos días en el ring del mercado asegurador petrolero. El premio es el millonario contrato de las pólizas contra todo riesgo de Petroecuador. En el cuadrilátero miden fuerzas las aseguradoras privadas, la estatal e intervienen, como si de árbitros se tratase, jueces cantonales, legisladores, autoridades del Sercop, la Contraloría, entre otros.

Lejos de terminar el combate con un ganador claro, la pelea se dilata. Esto en medio de una inestabilidad en la gerencia de Petroecuador. Solo en este Gobierno desfilaron algunos gerentes: Pablo Flores, Ricardo Merino, Gonzalo Maldonado (del cual, sin tener ni un mes en el cargo, será remplazado).

El ministro de Energía, René Ortiz, ya envió la terna a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas para que se seleccione al nuevo gerente entre Julio Rivera Andrade, Héctor Paz y Miño e Ítalo Cedeño.

En noviembre pasado, tras un tortuoso proceso, Hispana de Seguros fue la ganadora con una oferta de $ 54,8 millones; pero para el 2 de diciembre, Petroecuador, frente a una serie de cuestionamientos, declaró desierto el concurso. Sin embargo, para no dejar sin cobertura a la petrolera con $ 6.000 millones en activos, se declaró la emergencia que terminó con la contratación de dos empresas, Hispana y Latina ($ 53,4 millones), que se unieron en coaseguro. Esta adjudicación también resultó fallida, pues fue anulada por la administración encabezada por el actual gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado. Maldonado había anunciado que convocaría a un nuevo proceso. Entre tanto, debió solicitar el regreso de Seguros Sucre, la empresa que, pese a ser morosa con Petroecuador, por más seis años ha cubierto a la empresa con base en una modalidad de extensión de póliza.

Sin embargo, este 24 de enero, un juez de Guayas dejó insubsistente la anulación de la adjudicación de la póliza de seguros en favor de Hispana y Latina de Seguros, volviendo todo al principio.

La actual administración de Petroecuador, encabezada por Maldonado, ha justificado la anulación de esa adjudicación (hecha en un proceso de emergencia por parte del exgerente Ricardo Merino) con base en un sinnúmero de observaciones contenidas en un informe preliminar de Contraloría emitido el 4 de enero pasado, así como varios hallazgos por parte de la Procuraduría de Petroecuador.

Los más recientes problemas, según relatan los informes de Contraloría y Procuraduría, empiezan desde el mismo momento en el que asume el anterior gerente de Petroecuador, Ricardo Merino, en septiembre del 2020.

Es que tras una agria discusión pública entre el ministro de Energía, René Ortiz, y el gerente Pablo Flores (que fue reemplazado por Merino), el ministro Ortiz había encomendado a Merino: “Se lleve a cabo un proceso limpio y transparente de conformidad con las normas jurídicas vigentes en el Sistema Nacional de Contratación Pública para el aseguramiento de los bienes industriales patrimoniales de la empresa pública, proceso que hasta ahora llevaba 17 veces postergado”.

La primera acción de Merino fue dejar sin piso la licitación de Flores. Así, reinauguró el concurso, pero para ello terminó de manera unilateral la extensión de la póliza vigente con Sucre estableciendo como plazo el 6 de diciembre, aunque en realidad el plazo vencía el 13 de febrero de 2021.

Para Contraloría y Petroecuador esto representaría una emergencia autoprovocada. Así, Merino habría decidido, sin contar con sustento técnico, acortar la vigencia de las pólizas de TRP y RC (Marítima y No Marítima) que se mantenían con Seguros Sucre. Petroecuador dice que estos detalles fueron ocultados a la Procuraduría de Petroecuador y tras la comunicación de resultados provisionales de la Contraloría se evidenció “que la emergencia fue provocada por la propia EP Petroecuador, argumento que es identificado también por el órgano de control”.

Petroecuador reveló que se ocultó también el oficio que emitió el exgerente general de la EP Petroecuador Merino a la compañía AFL (bróker de reaseguros), en el cual, en su parte medular, intercedía para que se mantenga el reaseguro a favor de Hispana de Seguros; esto, cuando el proceso de selección en emergencia se encontraba en curso.

Mientras, Hispana de Seguros emitió las facturas de las pólizas contratadas con fecha anterior a la que se adjudicó el contrato. Toda la documentación de los reaseguradores fue emitida para el proceso que se declaró desierto y no se presentó la documentación en el proceso de la emergencia. Los reaseguradores no han determinado que la cobertura es por coaseguro. En estos papeles solo figura Hispana de Seguros en la documentación y no aparece Latina de Seguros.

Entre otros señalamientos, los informes dicen que en el anterior proceso que ya fue declarado desierto se aplicó una supuesta corrección a un error aritmético, que la Contraloría considera que no tenía ningún asidero legal. Es que Latina presentó una oferta de $ 51,4 millones; Sucre, $ 53,4 millones e Hispana, la más cara, con $ 54,8 millones. Sin embargo, con el cambio aritmético resultaba un incremento de las propuestas de Latina y Sucre; mientras que Hispana quedaba con el mismo valor. Al final, tras la declaratoria de emergencia se le otorgó al coaseguro de Hispana con Latina, pero con una oferta mayor en $ 1,3 millones a la de Latina.

Hispana vio procedente declaratoria de emergencia por riesgo de cobertura

Hispana de Seguros considera que la declaratoria de emergencia en la contratación de seguros de Petroecuador, que posteriormente llevó a Petroecuador a contratar en coaseguro a Hispana y Latina, sí fue apegada a derecho por parte de Petroecuador. En su respuesta al informe preliminar de Contraloría, la empresa realiza sus descargos. Considera que sí existió un inminente riesgo de dejar sin cobertura a EP Petroecuador, provocada por acontecimientos imprevisibles.

Entre estos señala la intromisión, injerencias y trabas por parte de Sercop, desde la aprobación del pliego y autorización del inicio del proceso. También entorpeció el proceso una sentencia judicial del juicio 172032020 05317 que dejó sin efecto el proceso licitatorio y lo retrotrajo al punto de la calificación de ofertas. Y la declaración de desierto debido a sentencias judiciales.

En primera instancia, indica que no le corresponde a la Contraloría determinar si hubo o no motivación suficiente para declarar la emergencia, pues esto es competencia de los jueces respectivos. También considera que no hubo un cambio en los valores de las pólizas, sino que apoya la postura de Petroecuador que indica que la actuación fue una corrección aritmética de las propuestas de las empresas.

La Contraloría señaló que los oferentes que conforman el coaseguro no adjudicaron en su oferta el 100 % de los respaldos de la colocación de reaseguros y solo presentaron copias simples suscritas por los reaseguradores por el 83,5 % del riesgo. Sobre este particular, Hispana informó que la empresa se enmarcó en un accionar normal, pues al momento de presentar la oferta contaba incluso con una sobre cobertura. Incluso indicó que ya se cubrió un siniestro en la estación de El Salado.