La fiscal Claudia Romero dispuso ayer el cierre de la instrucción fiscal -que duró 120 días- en el caso en el que se investiga un presunto asesinato bajo la modalidad de ejecución extrajudicial al policía Froilán Jiménez y los militantes Darwin Panchi y Jacinto Cortez, en el operativo de rescate al expresidente Rafael Correa, el 30 de septiembre del 2010 o 30-S.

Sin embargo, Romero pidió a la jueza de Pichincha Luz María Ortiz que todavía no señale fecha y hora para la realizar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

Esto porque aún faltan por realizarse varias diligencias y experticias que permitan completar “información fundamental para el ejercicio de la defensa y análisis de Fiscalía”, se indicó el impulso fiscal.

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En el caso están procesados los militares en servicio activo y pasivo Marco Antonio Cano, Luis Miguel Castro, Fernando Castro, Patricio Guadalupe, Vicente Guzmán, Jorge Merino, Luis Orozco, Jorge Peña Cobeña y Hegel Peñaherrera.

En uno de los últimos impulsos fiscales, Romero dispuso que se ingresen a la cadena de custodia del Centro de Acopio del Departamento de Criminalística de Pichincha varias evidencias entregadas por la Empresa Santa Bárbara (que fabrica municiones). Se trata de cartuchos y balas de diferentes calibres que habrían sido obtenidos en las pericias de la instrucción fiscal.

Entre las últimas diligencias realizadas están la reconstrucción de los hechos del 30-S, que se desarrolló entre el viernes 15 y sábado 16 de enero, en la Brigada Patria en Latacunga y en el Hospital de la Policía en Quito, y la toma de la versión del expresidente Correa, el miércoles anterior.

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Correa compareció vía telemática pues se encuentra en Bélgica. Lo acompañó su abogado Fausto Jarrín. (I)