Instrucción fiscal por el asesinato de tres uniformados durante revuelta del 30-S concluyó con información que aún no se ha desclasificado

La instrucción fiscal del caso que investiga el asesinato del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, cerró sus 120 días de vigencia con reparos de la Fiscalía, debido a que existiría información respecto de la causa que aún se encuentra con carácter de reservado y que no ha sido desclasificada.

Una semana antes de que concluya la etapa de instrucción, la fiscal del caso, Claudia Romero, el primer día de los dos que se definieron para la reconstrucción de los hechos, calificaba como importante que se conozca que hasta el momento existe "mucha información" que no se ha desclasificado, y resaltaba que las personas que han sido llamadas a esa reconstrucción, por ejemplo, son nombres que han surgido dentro de la etapa investigativa de versiones receptadas.

"Cuando usted tiene apertura de información, usted puede trabajar y puede llegar a la verdad de los hechos más rápidamente, pero si usted tiene clasificada mucha información, obviamente limita el trabajo. Lo que hemos conseguido ha sido a través de una investigación por años y tratando de encontrar a personas clave que nos puedan abrir espacios para encontrar más detalles", dijo Romero.

Esta fase de instrucción se cierra básicamente sin que la Fiscalía acceda a tres anexos de la orden de operaciones emitida para sacar al entonces presidente de la República, Rafael Correa, del hospital de la Policía, en Quito, lugar en el que se encontraba la noche del denominado 30-S. Varias habrían sido las ocasiones en que se solicitó formalmente esta información, pero no habría existido respuesta alguna.

Romero, en uno de los últimos impulsos fiscales del caso, de fecha 18 de enero pasado, dispuso que se oficie al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, para que, por intermedio de la Coordinación de Asesoría Jurídica de este Ministerio, informe los motivos por los cuales se "conserva con categoría de reclasificada la información contenida en varios documentos referentes a la Operación Rescate, dada el 30 de septiembre de 2010".

Se pedía al ministro y al Ministerio remitir un informe sobre lo consultado a la brevedad posible, pues se encontraban en una instrucción fiscal que finalizó el 22 de enero pasado. Hasta el cierre de esta edición no se conocía si ya se entregó la información requerida al Ministerio de Defensa y se anexó al expediente del proceso penal, en el que, debido a una reformulación de cargos, realizada en diciembre pasado, se dejó de investigar el delito de homicidio y se pasó a indagar un delito de asesinato en el contexto de graves violaciones a derechos humanos.

En esta causa son investigados los militares en servicio activo Fernando Castro, Marco Cano, Luis Orozco y Patricio Guadalupe, y los siguientes oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas: Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera.

Pese a que el 22 de enero último la fiscal Romero cerró la etapa de instrucción fiscal y pidió a la jueza de Pichincha Luz María Ortiz que aún no defina una fecha para audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, pues había resultados de diligencias y experticias que no eran parte del expediente fiscal, la tarde del martes último se definió que la diligencia se dará el 12 de abril próximo, desde las 08:30, en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

La noche del 20 de enero último, el exmandatario Correa rindió versión dentro de este caso y entre las preguntas que se le hicieron estuvo si conoció información calificada por parte de Fuerzas Armadas como reservada respecto de la Operación Rescate del día 30 de septiembre de 2010.

La respuesta de Correa fue: "No recuerdo haber leído un reporte oficial, pero tuvimos muchas reuniones donde se nos explicó (...). Hasta donde recuerdo, la tensión que había entre Fuerzas Armadas y la Fiscalía de ese entonces, que incluso se trató en el Cosepe y que yo doy la razón a las Fuerzas Armadas, es que la Fiscalía quería el nombre de todos los participantes en la operación de rescate, lo cual obviamente pone en peligro la integridad de nuestros soldados...".

Washington Andrade, abogado de cuatro de los procesados en esta causa y uno de quienes solicitaban la versión de Correa, afirma que como defensa están porque se desclasifiquen los tres anexos que faltan, pero aclaró que cree que debe hacerse con mucha cautela, pues no sería "dable que en cualquier operativo se develen los nombres de los que participaron, porque eso atenta contra la seguridad nacional, pero además atenta contra la propia integridad de quienes participan en esas misiones".

El abogado del general Peñaherrera, Paúl Ocaña, reconoce que se ha desclasificado cierta información, pero a pesar de ello existe otra información que aún mantiene la calidad de reservada, que no ha sido desclasificada por el órgano respectivo. A su decir, existirían más razones de seguridad nacional de por medio que temas de política o encubrimiento para la desclasificación.

Pese a ello, Ocaña aclara que la información con que cuenta Fiscalía en este caso es suficiente para definir la actuación real de las personas procesadas, ya sea en cuanto a inocencia o culpabilidad, e incluso, dice, podrían llegar a determinar quién fue la persona que disparó. Asegura que contra su cliente no existen pruebas que lo relacionen con el delito investigado.

El actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Luis Lara, también rindió su versión en el proceso y se le consultó si conocía si existe aún información con clasificación reservada respecto de la Operación Rescate. El general Lara respondió que conoce de tres anexos de la orden de operación de rescate que han sido reclasificados y apuntó que "más sobre ese asunto debe requerirse al Ministerio de Defensa".

Claudia Romero asegura que como Fiscalía buscan encontrar la verdad de los hechos, saber qué es lo que pasó, quién dio la orden, cómo ejecutó el operativo, pero cree que mientras no se tengan los nombres completos de las personas que participaron en el operativo, mientras no se tenga acceso a la información, no se puede trabajar adecuadamente y por ello es que habría tomado tanto tiempo la investigación.

Familiares de las víctimas, quienes estuvieron presentes en la reconstrucción de los hechos de enero pasado, critican que en los últimos diez años no se haya hecho nada en concreto para resolver las muertes y piensan que todo está recién en el principio. Pese a que ya no creen en las promesas de encontrar a los responsables de las muertes, lo único que siguen pidiendo a las autoridades es justicia.

María Teresa Torres, abogada del procesado Paúl Guzmán, comandante del Grupo Especial GEO en septiembre de 2010, recordó que él fue herido cuando llegó a los exteriores del hospital de la Policía, donde se encontraba el entonces presidente Correa. Ella califica a su cliente como una víctima más en este caso y por ello no entiende que ahora se lo esté procesando por asesinato.

"No nos olvidemos de que el 30 de septiembre del 2010, al mediodía, se expidió el Decreto 488, en el que se declaró el estado de emergencia y se solicitó a las Fuerzas Armadas que intervengan y tomen el control de la seguridad nacional", explicó Torres, para después decir que todos los uniformados que participaron aquel día solo siguieron una orden y nada se realizó por cuenta propia.

El general Ernesto González, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante los hechos del 30-S, asistió a la reconstrucción de los hechos de enero pasado, en donde dijo: "La decisión que todos conocemos fue extraer al presidente (Rafael Correa) del hospital de la Policía. (...) la orden verbal del presidente al ministro de Defensa y del ministro de Defensa al jefe del Comando Conjunto. Se siguió una cadena de mando normal". (I)