Juez de la Corte Nacional da paso a pedido de Fiscalía para reabrir la investigación previa por peculado en la adquisición de helicópteros Dhruv

Por encontrar adecuada la motivación presentada por la fiscal general Diana Salazar, la tarde de este miércoles el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván León, dio paso al pedido de reabrir

la investigación previa por el delito de peculado, tipificado en el artículo 257 del Código Penal, en contra del ex ministro de Defensa, Xavier Ponce, y 18 personas más que participaron en el proceso de adquisición de siete helicópteros Dhruv.

La audiencia se realizó en la CNJ luego de que el 18 de diciembre pasado la fiscal Salazar envió un oficio a la CNJ pidiendo fecha y hora para sustentar su pedido. El juez León especificó, luego de una diligencia que duró cerca de 30 minutos, que los plazos de investigación corren desde este 23 de diciembre.

Salazar en su intervención explicó que el 14 de abril de 2016, el fiscal general de ese momento, Galo Chiriboga, solicitó a la presidencia de la CNJ el archivo de la denuncia, asegurando que a esa fecha no existían elementos para iniciar una imputación penal y que además era necesario el informe de Contraloría General del Estado.

En un comunicado de Fiscalía se daba a conocer que el informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría, el cual era un requisito de procedibilidad al 2016, fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en julio de 2019.

Para la fiscal general Diana Salazar entre los hechos que motivan la solicitud de reabrir la causa está el que en la investigación por el asesinato del ex comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, se ha determinado que tiene relación con la causa que analiza posibles irregularidades en la adquisición de los siete helicópteros Dhruv.

Además, que se habrían encontrado indicios que hacen pensar en el cometimiento de actos irregulares en el proceso de contratación como que existieron retrasos y fallas en los repuestos de los helicópteros Dhruv. También se presentó el informe final de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, que en sus conclusiones sobre esta negociación señalaría la existencia de procesos poco claros en la contratación, interferencias para la contratación, informes de Contraloría que adolecen de precisión y falta de transparencia en la contratación.

La fiscal Salazar aseguró en la diligencia que pide se reabra la investigación a fin de evitar la impunidad y buscando la verdad procesal e histórica.

Teresa Andrade, representante de la Defensoría Pública, reconoció en la audiencia que Fiscalía está en el derecho de imputar en la causa, pues es la titular de la acción penal. (I)