(Actualizada a las 19:00)

Del delito de homicidio se pasó a investigar en la instrucción fiscal por la muerte del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortéz, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, el delito de asesinato cometido bajo la modalidad de ejecución. Esto luego de que la tarde de este lunes, la jueza de Pichincha, Luz María Ortíz, dio paso a la reformulación de cargos solicitada por la fiscal Claudia Romero.

Los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera seguirán siendo investigados en los últimos 30 días que le restan a una instrucción fiscal, la cual pasó de 90 a 120 días. La diligencia de vinculación de cuatro personas se planificó realizar luego de la reformulación, este mismo martes, en el Complejo Judicial Norte, en Quito, pero no se logró instalar la audiencia.

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Las nuevas personas contra las que la fiscal Romero busca formular cargos para que se los incluya en el proceso penal ahora por el delito de asesinato contemplado en el artículo 140, numerales 2, 4 y 5 del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) son: Fernando Castro, Marco Cano, Luis Orozco y Patricio Guadalupe.

Una vez no se instaló la diligencia de formulación de cargos para vincular a los cuatro uniformados en servicio activo, la jueza Ortíz definió que la audiencia de vinculación se dé el viernes 24 de diciembre próximo a las 08:00 en el Complejo Judicial Norte.

La fiscal Claudia Romero encontró nuevos elementos que hacían variar justificadamente la calificación jurídica de homicidio. En su impulso del 17 de diciembre último, ella explicó que la presunta ejecución extrajudicial, que sería una grave violación de derechos humanos, subsume al delito de asesinato, con las circunstancias de colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta situación, buscar con dicho propósito la noche y utilizar medios capaces de causar grandes estragos.

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El pedido de reformulación llegó a seis días de que concluyan (el 23 de diciembre próximo) los 90 días iniciales que se dieron para la etapa de instrucción fiscal.

Los oficiales en servicio pasivo procesados habrían cumplido varias funciones durante la denominada Operación Rescate que estuvo a cargo de las FF. AA. la tarde y noche de ese 30-S: Castro fue el director del operativo militar para sacar del hospital de la Policía al entonces presidente Rafael Correa; Peña fue el director de Operaciones del Comando Conjunto de las FF. AA.; Peñaherrera fue el comandante de la Primera División Shyris; Guzmán fue el comandante del Grupo Especial GEO; y Merino fue el comandante del Grupo Especial de Comandos.

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Para Paúl Ocaña, abogado del general Peñaherrera, aseguró que su cliente no dispuso, ni autorizó, ni comandó, ni estuvo presente en ningún operativo el día 30 de septiembre de 2010. Adelantó que ya solicitaron a la Fiscalía la realización de un peritaje de línea de tiempo que recoja minuto a minuto las acciones y ubicaciones del oficial en servicio pasivo durante la jornada del denominado 30S. (I)