El pleno de la Asamblea Nacional llevó adelante, ayer, durante tres horas y media el primer debate de la Ley Anticorrupción que es un cuerpo legal unificado que incluye siete proyectos de ley relacionados con esta materia. La aprobación de la Ley Anticorrupción antes de diciembre es parte de las metas cualitativas a la que se ha comprometido el Gobierno con el Fondo Monetario, a fin de recibir el desembolso de $ 2000 millones a finales de año.

El debate de la ley se caracterizó por una serie de análisis y observaciones que hicieron cada uno de los asambleístas participantes, de diversas bancadas, pero siempre en acuerdo con la lucha contra la corrupción. La sesión fue dirigida por el segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso. La primera intervención fue por parte del asambleísta José Serrano (AP), presidente de la Comisión de Justicia y proponente del informe.

Serrano explicó en su exposición que la ley genera normativa que no existía y se requería. Básicamente crea cuatro nuevos tipos penales para combatir la corrupción: elusión de procedimientos de contratación pública; sobreprecios en contratación pública; actos de corrupción en el sector privado; y, obstrucción a la justicia. Además reforma cinco delitos actualmente vigentes como el peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias. Aseguró que antes, la ley ecuatoriana no tenía normativa sobre las contrataciones en tiempos de emergencia, y la necesidad de ella se ha visto tras detectarse innumerables problemas de corrupción en la pandemia actual.

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Tras la exposición comentó que ha remitido a la Secretaría una moción para ser votada tras el debate; sin embargo, el presidente encargado de la sesión, Patricio Donoso, le aclaró que por ser primer debate no habría votación sino solamente contribuciones al texto.

Entre tanto, Héctor Muñoz (SUMA) dijo que a pesar de que existe un tiempo límite para aprobar las normas anticorrupción, refiriéndose al plazo que existe por el compromiso con el FMI, los asambleístas deben asegurarse de que leyes aprobadas cumplan los objetivos para las que fueron creadas. Se mostró contrario a que haya una suerte de populismo punitivo, que significa ofrecer endurecer las penas, pero que finalmente no llegan a aplicarse.

Adicionalmente, destacó que hasta ahora no estaba de acuerdo con que un país tenga que estimular o dar incentivos pecuniarios a quienes denuncian o son informantes de delitos. Sin embargo, dijo que su bancada ha hecho un análisis profundo y ha establecido que es una de las más exitosas estrategias para combatir la corrupción. Puso como ejemplo a EEUU en donde, según dijo, el 90% de delitos de corrupción llegan a ser sancionados por este mecanismo.

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Entre tanto, Marcela Aguiñaga (RC), consideró de manera conceptual que en un Estado de derecho no debería haber espacio para la venganza y expiación pública, además dijo que se debe perseguir la corrupción, pero esto no debe estar sujeto a la coyuntura o revancha política. Entre tanto hizo observaciones al cuerpo normativo al indicar que existe la necesidad de incluir en catálogo de infracciones algunos delitos, para garantizar que no se estén duplicando. Para la asambleísta, es importante que la ley no vaya más allá del mandato del pueblo, a través de la Consulta Popular en este caso.

Henry Cucalón (PSC) dijo en general que las reformas son positivas, pero criticó que el presidente de la República, Lenin Moreno haya dicho durante su posesión que iba a hacer una cirugía mayor, y ahora, a pocos meses de su salida, esté apurando el tratamiento de la ley, pero no por los intereses de los ciudadanos. Fue enfático en señalar que no por falta de reforma es que se ha cometido los delito sino por falta de voluntad política, y consideró que sea o no en estado de emergencia, “robo es robo”.

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Mauricio Proaño (RC) por su parte aprovechó la oportunidad de dirigirse al pleno para quejarse de las noticias que se habían generado sobre el anterior gobierno y supuestos casos de corrupción. Insistió en que esto no se ha comprobado. Y aseguró que se ha hecho las consultas al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que se les ha ratificado que en los estudios sobre cinco proyectos emblemáticos que se hizo no hubo “sobreprecios”, sino solo “sobrecostos” que son gastos que pudieron haberse evitado. En este sentido, pidió que en la ley se establezca sanciones para quienes hacen denuncias que no han sido ciertas.

Por su parte, Patricio Donoso dejó por un momento la presidencia, para poder intervenir en el debate y comentó que se necesita la Ley Anticorrupción para endurecer la sanción a servidores públicos que se aprovechan de las declaratorias de emergencia. Destacó la inclusión nuevos tipos penales en contratación pública y actos de corrupción en lo privado.

Tras el primer debate, que terminó a las 19:45, las recomendaciones de los asambleístas regresarán a la Comisión de Justicia para que se acoja lo que se considere conveniente, para que luego se pueda tratar en un segundo y definitivo debate. Seguidamente, el pleno continuó con el tratamiento de la Objeción Parcial del Ejecutivo a la ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. Hacia las 20:00 se suspendió la sesión legislativa.