Con la sentencia que recibieron ocho personas y la notificación con el auto de sobreseimiento emitido para otros cuatro investigados por el delito de delincuencia organizada relacionado al proyecto de construcción del hospital de Pedernales, solo quedan siete procesados contra los que Fiscalía emitirá su dictamen acusatorio y sobre las que pedirá que se las llame a juicio.

La mañana de este martes se instaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que la fiscal general Diana Salazar dará a conocer los elementos con que cuenta para acusar a los siete procesados que restan y entre los que está el exlegislador por Sucumbíos, Eliseo Azuero, y el exsubsecretario del Servicio de Contratación (Secob), Jorge Jalil, ambos prófugos de la justicia.

La audiencia fue convocada para el lunes último, pero el juez Marco Rodríguez, de la CNJ, decidió que primero debían resolverse ocho procedimientos abreviados solicitados por Fiscalía a favor del exasambleísta Daniel Mendoza; del exasesor legislativo, Jean Benavides; del exdirector del Secob, René Tamayo, del representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz; del ingeniero Franklin Calderón; de Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob; de su excompañero de Comisión Ángel Andrade y el exfuncionario público, José Santos.

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Luego de la audiencia respectiva y de analizar la cooperación eficaz firmada, Mendoza recibió la pena reducida de cuatro años y dos meses de prisión; Benavides, Tamayo, Calderón y Véliz una sentencia de 34 meses de cárcel; mientras que Cobeña, Andrade y Santos, quienes no se acogieron a un acuerdo de cooperación eficaz, una pena reducida de 40 meses.

Salazar aseguró a su ingreso a la CNJ que los procesados optaron por estas alternativas de juicios cortos y se obtuvo una sentencia de culpabilidad que implica varias penas y sobre todo, resaltó, una reparación integral de $ 8 millones en favor del Estado.

Sobre los cuestionamientos hechos al monto de reparación integral definido por el juez Rodríguez y propuesto por Salazar, la fiscal general aseguró que siempre se va a cuestionar cuando creen que se ha perjudicado el bolsillo. "Ese es el enfoque de la investigación, afectar al bolsillo de las estructuras, porque la delincuencia no se organiza para hacer deporte, la delincuencia tiene como fin último obtener beneficios económicos". (I)