El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables negó la solicitud presentada por la compañía Repsol, que buscaba hacer una transferencia de derechos y obligaciones en los bloques 16 y 67 (Tivacuno), a la empresa canadiense New Stratus Energy. El oficio fue suscrito ayer por el ministro René Ortiz.

El Ministerio dijo que tras el análisis de la documentación se “evidenciaron aspectos de carácter técnico y económico que no asegurarían la continuidad de las operaciones de dichos campos”.

Pese a ello, aún no se ha rechazado la solicitud en su totalidad, pues se analiza al momento la documentación y solicitud de Repsol respecto a la transferencia de su participación indirecta en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

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El anuncio dejó a medias los planes de la empresa New Stratus Energy, presidida por el venezolano José Francisco Arata, que hasta este miércoles alistaba maletas para llegar al Ecuador y tratar de mejorar la opinión pública negativa que se había generado frente a un primer anuncio de la intención de adquirir el 35 % de acciones de Repsol en los campos 16 y 67, así como el 29,7 % del OCP.

Tras el anuncio, la empresa dijo que no recibía la notificación por lo que aún no era momento de pronunciarse al respecto.

Sin embargo, el presidente de New Stratus Energy, José Francisco Arata, conversó con este Diario antes de conocerse el anuncio y explicó que el Decreto 1363 sobre cesión de obligaciones y derechos no establece que el cesionario debe tener igual o superior capacidad técnica, sino que no se dé un deterioro de solvencia y capacidad operativa del contratista. En el caso de haberse dado la transferencia, sostenía, la contratista seguiría teniendo su flujo de caja, su capacidad operativa y su balance.

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Arata reconoció que la empresa no era conocida. “Apenas tenemos dos años y medio de creada. Es una empresa que está listada en la Bolsa de Canadá, como un cascarón que nosotros adquirimos. Es como un vehículo para poder financiar los proyectos e ir en busca de inversionistas en riesgo de exploración y explotación”, dijo. También recordó que tuvieron una buena experiencia cuando creó Pacific Stratus Energy, que luego se transformó en Pacific Rubiales, en Colombia, y comentó que efectivamente tuvo problemas y debió reestructurarse, pero que fue por la caída del precio del crudo.

También explicó que de adquirir la porción de Repsol no habría ningún cambio a nivel de la contratista y que el tema de los pasivos ambientales y los pagos laborales ya está contabilizado en la estructura de la transacción. “Cuando ocurra la reversión de los campos hay que proveer costos de abandono y están previstos en la negociación. Repsol se hace responsable, pues nos asignan un flujo específico que viene del OCP”, dijo.

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Además había mencionado que veía incobrable la deuda de carry forward que mantiene el Estado con Repsol y aseguraba que si se renovaba el contrato, la deuda gubernamental igualmente quedaba insubsistente.

Sobre los planes en los bloques, dijo que calculaban que hay 75 millones de barriles de reservas adicionales. Estimamos que se podrían perforar entre 15 y 20 pozos nuevos, que pudieran elevar la producción de 16.000 barriles a 22.000.

Sobre el tema de acceder a la parte de Repsol en OCP, y si buscaban que se renueve el contrato con la empresa privada, dijo que estaba contemplando que luego de noviembre de 2023 se terminará el contrato. Solamente si hubiera éxito en la producción tanto en intracampos y en otras iniciativas de producción se podría requerir ampliar el contrato con el oleoducto.

Finalmente, al consultarse sobre la posibilidad de que se les negara el permiso para concretar la transacción, dijo que lo que se había firmado era una carta de intención sujeta a las aprobaciones del Gobierno. "Nosotros seguimos interesados en invertir, creemos que hay oportunidades en otros campos, y participar en rondas que el Gobierno pueda convocar. La ronda suroriente nos interesa, creemos que tiene alto valor estratégico", dijo. (I)

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