Tras el embargo realizado a los bienes de Cablevisión la mañana del martes pasado, dispuesto por la Inspectoría Provincial de Trabajo, el mismo día en horas de la tarde el inspector provincial del Trabajo, Walter Vela, emitió una revocatoria de esa diligencia dejando sin efecto lo actuado.

Así también se revocó el nombramiento del alguacil César Moreta y del depositario judicial, Walter Quevedo, quienes actuaron en los embargos realizados ese día.

Las diligencias se realizaron en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 26 de septiembre del 2018 y que se dispuso el cumplimiento el 22 de julio del 2019.

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Esto, tras la demanda planteada por el Comité de Empresa de los trabajadores de Cablevisión en el 2016. Según especificó Moreta el monto adeudado por la empresa a los extrabajadores es de $ 7'492.185,52; valor que debe ser cubierto por los bienes que serían embargados.

Al respecto, Galo Arbeláez, presidente del Comité, lamentó y criticó ayer la revocatoria del embargo en un nuevo plantón en los exteriores de TC Televisión, donde se ubican las instalaciones de Cablevisión, empresa que está en proceso de liquidación.

"Esta revocatoria está totalmente fuera de toda legalidad, lamentablemente entre gallos y medianoche, dos horas después de haber terminado el embargo ya nos pasan revocatoria", sostuvo el dirigente gremial, quien aseguró que no se ha llevado el debido proceso.

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Añade que quien debe pedir la revocatoria es Medios Públicos, el principal accionista de Cablevisión, pero según Arbeláez, en el documento que les fue remitido no aparece firma de responsabilidad.

El extrabajador de Cablevisión responsabilizó de la revocatoria al Gobierno.

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"Lamentablemente este Gobierno que presiona, que es corrupto, y que tiene amedrentado a todo el mundo, nos quiere también amedrentar a los trabajadores, pero no lo van a conseguir, nos han dado una inyección de más energía, de más ganas de seguir luchando", aseguró Arbeláez, quien adelantó que los plantones continuarán hasta lograr que se peguen todos los haberes y que presentarán oficios a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). (I)