Ya está abierta fase para que se ejecute sentencia del caso Sobornos 2012-2016

A un año y un mes de que fueron vinculados el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente y hombre fuerte de los sectores estratégicos, Jorge Glas, al proceso penal denominado Sobornos 2012-2016, por estar en el “mando jerárquico superior de la estructura delincuencial” investigada, como decía la Fiscalía, para ambos el caso llega a su fin y se inicia la fase de ejecución de la sentencia de ocho años de cárcel por el delito de cohecho pasivo agravado.

Ayer, minutos después de las 09:00, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) notificó a las partes procesales su decisión de negar, por "no pertinentes", los pedidos de ampliación y aclaración que 13 de los 20 condenados presentaron a la sentencia de casación emitida el 7 de septiembre último. Que la sentencia era clara y no presentaba oscuridad en su texto, dijo el Tribunal.

Los conjueces Lauro de la Cadena, José Layedra y Milton Ávila explicaron en su providencia que el Tribunal que integraron es un "órgano jurisdiccional de cierre del proceso penal" que determina que la causa penal "ha cobrado ejecutoría". Dispusieron se remita el proceso de manera inmediata al tribunal de origen, es decir, al Tribunal de Juzgamiento, para que proceda con la ejecución de la pena.

Con esta decisión quedan en firme las sentencias de los 20 involucrados, es decir, de Correa y Glas, como autores mediatos por instigación, a quienes se les identificó en el esquema de sobornos basados en los denominados Archivos Verdes bajo los códigos SP (Señor Presidente), RC (Rafael Correa), RCD (Rafael Correa Delgado) y A1 y L1 (Líder 1) o JG (Jorge Glas).

La negativa recibida a sus recursos era algo que preveía Alfonso Zambrano, abogado de Correa. Él insistió que en el caso prevalecieron criterios y presiones políticas y no argumentos jurídicos.

Zambrano reconoce que mantienen como defensa en lo local dos posibilidades pendientes: el recurso extraordinario de revisión que no prescribe y debe ser presentado en la misma CNJ y la acción extraordinaria de protección que deberán presentar en la Corte Constitucional (CC) dentro de los 20 días siguientes a que se encuentre ejecutoriada la decisión del Tribunal de Casación.

La acción de protección en la CC será una decisión que se tome en estos días, pero el recurso de revisión sí será analizado en qué tiempo se lo colocará, pues a decir de Zambrano, si se lo presenta en este momento el recurso recaería en la misma justicia que ha violentado los derechos de Rafael Correa. Ninguno de los recursos que se anuncian suspenden la ejecución de la pena dispuesta.

Funcionarios públicos del entorno cercano del anterior Gobierno deberán cumplir sus penas en esta causa. Entre ellos están: Alexis Mera, quien fue secretario Jurídico de la Presidencia; Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís, entonces ministros del correísmo; la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador de Alianza PAIS, Christian Viteri, quienes fueron ubicados como coautores del delito de cohecho y se les impuso una sanción de ocho años de prisión.

Los diez empresarios acusados de ser autores directos de cohecho también deberán cumplir los ocho años de cárcel a los que fueron sentenciados en primera instancia el 22 de julio pasado. A ellos se les acusó de haber entregado dineros en efectivo y por medio de cruce de facturas a funcionarios públicos que les dieron a cambio contratos en la obra pública de todo el país.

A las exaserora y asistente de Presidencia, Pamela Martínez y Laura Terán, respectivamente, se les ratifica la sentencia reducida impuesta por ser cooperadores eficaces de la Fiscalía. A Martínez solo le restaría por cumplir tres meses y días de la pena de nueve meses y 15 días dispuesta, mientras que Terán ya cumplió los tres meses de cárcel que se le impuso como cómplice.

En tres días laborables la sentencia de casación estará ejecutoriada y el proceso regresará al Tribunal de Juzgamiento que dictó la sentencia condenatoria de primer nivel para que reasuma la competencia del caso y empiece la fase de ejecución. El cumplimiento de las penas impuestas estará en manos de los jueces de la CNJ Iván León (ponente), Marco Rodríguez e Iván Saquicela.

Los jueces estarán a cargo de ejecutar el resto del fallo que incluye el pago proporcional de los $14,7 millones de la reparación integral que se definió para autores mediatos y directos, coautores y la cómplice, el comiso de los bienes de los sentenciados para el pago de la indemnización, la pérdida de derechos de ciudadanía por el tiempo de la pena, ofrecer disculpas públicas en la Plaza de la Independencia, realizar un curso de 300 horas sobre ética laica y transparencia.

El fallo de primera instancia incluyó que los 20 sentenciados deberán colocar una placa en el Palacio de Carondelet que diga: "Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética". (I)