Asamblea Nacional no encuentra el camino para reestructurar la Comisión de Fiscalización tras escándalos de corrupción

En dos ocasiones y con más de 90 votos, el pleno de la Asamblea Nacional ha incluido para debate la reestructuración de la Comisión de Fiscalización y Control Político a pedido del legislador de CREO Fernando Flores, en razón de que dos de sus miembros están siendo procesados en la Fiscalía General por corrupción.

Lo que frena esa decisión es la falta de sustento jurídico en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para provocar la reestructuración de una comisión, luego de que el pleno la conformó cuando se inició el nuevo periodo en mayo de 2019. Eso ha llevado a que la primera propuesta de reestructura planteada el 22 de julio y la segunda el 4 de agosto sigan en espera.

Los dos asambleístas a los que se refiere Flores son Daniel Mendoza (antes de AP-Aliados) y Eliseo Azuero (BADI). El primero renunció al cargo de legislador y se principalizó su alterna, Pinuccia Colamarco; y en el caso de Azuero, no se sabe su paradero tras una orden de prisión en su contra, en su lugar actúa Yovana Guevara.

A esto se suma, dijo el proponente, el caso de la asambleísta Karina Arteaga (antes de AP), a quien un juez de la sala penal pidió la autorización de la Asamblea para iniciar un juicio penal por concusión. Aunque Flores también habla de que otros legisladores, no precisa nombres ni pruebas, estarían nombrados en el “reparto de hospitales”. Entiendo que eso está en la Fiscalía, reiteró.

Flores es consciente de que no hay normativa que permita una reestructuración de la comisión, pero señala que esto es una decisión política que debe tomar el pleno como máxima instancia; tampoco comparte la tesis de la que se empieza a hablar entre los bloques de que el pedido de reestructuración debe extenderse a todas las comisiones donde hay legisladores que tienen procesos de investigación en la Fiscalía.

En el proyecto de reestructuración, Flores inclusive plantea una forma como debería estar integrada la comisión: 2 delegados del PSC, 2 AP, 2 de CREO, 2 RC, 1 BIN, 1 BADI y 1 IND.

El disenso sobre este tema está, según el presidente de la Asamblea, César Litardo, en que la Ley que rige la legislatura establece que las comisiones se estructuran al inicio del periodo legislativo y dos años después, y no incluye una salvedad para hacerlo en casos específicos.

Otra posición que existe, añadió, es que si en esa comisión existen legisladores que están siendo cuestionados en la justicia, se debería actuar de la misma manera en otras comisiones donde también hay esos casos.

Desde el punto de vista jurídico y constitucional no se puede reestructurar la comisión; “lo que se debe priorizar es lo legal sobre lo político, y en ese sentido lo que tenemos que hacer es respetar lo que establece la Constitución y actuar en estricto derecho”, subrayó.

Seis juicios y 162 sesiones

Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, también señaló que la Ley que rige a la Asamblea establece procedimientos para la estructuración de las comisiones, y en ninguna parte de la Ley se determinan razones para reestructurar una comisión cuando esta ya fue conformada por decisión del pleno y para un periodo de dos años.

Además dijo que no se puede elegir un vicepresidente de la comisión cuando ni siquiera ha iniciado un proceso de investigación, dentro de la Asamblea, sobre Eliseo Azuero, que defina una posible destitución; mientras él no haya perdido su investidura de legislador no puede elegirse un nuevo vicepresidente.

Comentó que las dos asambleístas Pinuccia Colamarco y Yovana Guevara están actuando en reemplazo de los principales, y que el argumento de que en la Comisión de Fiscalización Alianza PAIS tiene una mayoría también se cae porque los seis legisladores que eran de ese movimiento se desafiliaron: Johann Cedeño, Karina Arteaga, Michel Doumet, Fausto Terán y Alberto Arias.

Según Cedeño, desde mayo de 2019 hasta agosto de 2020 la comisión tuvo 162 sesiones y en su periodo se evacuaron seis procesos de juicio político y recomendaciones en otros casos. Lamentó que se mal entienda que un proceso de fiscalización necesariamente tiene que terminar en una censura y destitución.

La comisión lo que hace es procesar un pedido de juicio político y los resultados de una censura dependen de la decisión de los asambleístas miembros de la comisión; por ejemplo, citó el caso de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, que por un voto no pasó el juicio a conocimiento del pleno.

Mucho se ha señalado que el voto de Pinuccia Colamarco, alterna del exasambleísta Daniel Mendoza, supuestamente salvó a Atamaint del juicio, cuando nada se ha dicho de las abstenciones de Jimmy Candell y Ángel Gende (BIN), Eliseo Azuero (BADI) y Carmen Rivadeneira (RC). Así como el voto en contra de Ramón Terán (PSC) y la ausencia de Karina Arteaga (antes de AP), todos ellos salvaron del juicio a Atamaint, apuntó Cedeño.

Respecto del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo dijo que se cayó en el camino por falta de pruebas e inclusive los interpelantes no se presentaron mientras se procesó el pedido.

Yovana Guevara, quien se principalizó en remplazo del legislador Azuero, comentó que ella asiste vía telemática desde julio a la Comisión de Fiscalización; que se mantiene como independiente y no pertenece a ninguna bancada, y que seguirá la agenda del asambleísta principal como reformar la Ley Amazónica, la Ley de Discapacidad y la Ley de Planificación Agropecuaria.

Dijo que no está de acuerdo con una reestructura porque sería violar procedimientos, no puede la Asamblea por resolución cambiar una comisión sin antes cambiar la Ley que rige a la Función Legislativa. (I)

Juicios políticos

1.- En junio 2019 se procesó el juicio político en contra de la exministra de Salud Verónica Espinosa, planteado por Mae Montaño (antes de CREO), por incumplimiento de funciones en la calidad de atención, compra de medicamentos y fallas detectadas en la aplicación de un lote de pruebas rápidas para la detección del VIH en la red pública de salud. La Asamblea la censuró el 13 de agosto de 2019.

2.- En julio de 2019, Jeannine Cruz (CREO), Raúl Tello (BADI) y Fabricio Villamar (antes de CREO) presentaron un pedido de juicio contra el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Carlos Tuárez y los consejeros Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá. El 14 de agosto fueron destituidos por haber conformado una comisión para revisar las resoluciones de la Corte Constitucional respecto de las resoluciones del CPCCS transitorio.

3.- En agosto de 2019, la asambleísta Lira Villalva presentó un juicio político en contra de cinco exvocales del Consejo de la Judicatura transitorio por una supuesta injerencia en el traslado de jueces, pero fue en noviembre donde se archivó el proceso, porque muchas pruebas se convirtieron en descargos.

4.- En octubre de 2019 se admitió a trámite el juicio político planteado por los asambleístas Lira Villalva y Juan Lloret (RC) en contra del exministro de Cultura Raúl Pérez, por incumplimientos en las asignaciones presupuestarias en los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura, el proceso pasó al pleno en enero de 2020, pero no hubo los votos suficientes para la censura.

5.- En noviembre de 2019 se procesó una solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, pero el 12 de diciembre se archivó por falta de pruebas en las acusaciones sobre responsabilidad en un caso de femicidio, mal uso de bienes públicos y la crisis carcelaria. Los interpelantes fueron Roberto Gómez y Lourdes Cuesta (antes de CREO) y Amapola Naranjo (RC).

6.- En enero de 2020 se procesó un juicio político planteado por los asambleístas Jeannine Cruz y Fernando Flores (CREO) contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, por irregularidades en el proceso electoral de 2019, pese a que el informe recomendaba la censura y destitución el 31 de enero no hubo los votos suficientes en la comisión para que el expediente pase el pleno.

7.- La Comisión de Fiscalización el 19 de agosto pasado con once votos recomendó el inicio de un juicio político en contra de la ex secretaria nacional de Riesgos Alexandra Ocles por haberse determinado sobreprecio en el contrato de compra de 7000 kits de alimentos por un valor de $1 055 740 más IVA, cuyos artículos estaban destinados a las personas vulnerables durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.