Caso Bucaram: delincuencia organizada, qué dice la Ley y la pena para ese delito

La madrugada de este jueves, una jueza ordenó la apertura de la etapa de instrucción en la nueva causa que registra el expresidente Abdalá Bucaram.

A Bucaram se le formuló cargos por el supuesto delito de delincuencia organizada, como parte del proceso judicial en el que se investiga la actividad de dos ciudadanos israelíes detenidos el 2 de junio. Ellos aseguraron que vendieron insumos médicos a Jacobo Bucaram, según la investigación. En el operativo de detención, policías les hallaron credenciales falsas de la Administración para el Control de Drogas (DEA, Drug Enforcement Administration) de los Estados Unidos y unos $ 300 mil.

Un mes después, el 8 de agosto, Shy Dahan, uno de los extranjeros fue asesinado en el área conocida por los internos como cuerpo consular, en la Penitenciaría del Litoral, en el noroeste de Guayaquil. El otro israelí se recupera del ataque en un hospital de la urbe porteña.

¿Qué establece el COIP?

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), las personas que enfrentan una acusación de ese tipo pueden recibir una pena de hasta diez años de cárcel.

"Art. 369.- Delincuencia Organizada.- La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años", recoge el código penal.

La jueza también ordenó el arresto domiciliario para Bucaram, sobre quien ya pesaban otras medidas cautelares, como el uso de un grillete electrónico, la prohibición de salida del país y su presentación diaria en la Fiscalía, por dos causas adicionales: tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas y transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural, según los registros del sistema en línea del Consejo de la Judicatura.

La Fiscalía también investiga un audio de una llamada entre Bucaram y el ciudadano israelí que fue asesinado, que se filtró a la opinión pública. El expresidente dijo días atrás que esa llamada era parte de una defensa técnica.

Los otros tres procesados son agentes motorizados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, quienes integraron la escolta de la Vicepresidencia de la República.

1/3 Tengo claro que existen personas que a toda costa insisten en la calumnia, esa es la forma en la que siempre han hecho política y eso es algo que la gente de bien debemos de luchar por cambiar.

En los registros de la Fiscalía consta la denuncia de Bryan P., un empresario que asegura haber sido estafado por los extranjeros en una transacción de insumos médicos. El ciudadano ecuatoriano señala que los israelíes gozaban de una escolta motorizada.

Al inicio de la pandemia, los israelíes se movilizaban con escolta de agentes de AMT y vendían pruebas e insumos ► https://t.co/6uXFzv6Tcf pic.twitter.com/E4qjbI0VUe

Harrison Salcedo, abogado de dos de los funcionarios procesados, insistió en su inocencia.

"Como les encanta el show, el espectáculo y el morbo del populismo penal, lo primero que hacen en lugar de contestarnos de forma directa es ir a través de allanamientos, ilegalidades y lanzar lo que hicieron hoy contra el expresidente Bucaram y estas personas que no tienen nada que ver", dijo Salcedo el miércoles 12 de agosto pasado.

Por su parte, la AMT emitió un comunicado en el que se indica que "colabora con las autoridades pertinentes para el esclarecimiento de una presunta relación entre Agentes Civiles de Tránsito y ciudadanos extranjeros involucrados presumiblemente en la venta de insumos médicos".

COMUNICADO | Ante las declaraciones de @ottosonnenh, la AMT colabora con las autoridades pertinentes para el esclarecimiento de una presunta relación entre Agentes Civiles de Tránsito y ciudadanos extranjeros involucrados presumiblemente en la venta de insumos médicos. pic.twitter.com/VBt9CIdaoA