Durante su mandato, el presidente Lenín Moreno declaró el primer estado de excepción para todos los centros de privación de libertad que integran el Sistema de Rehabilitación Social del país en mayo del año pasado y lo renovó el 15 de julio de ese mismo año.

"Los últimos acontecimientos de violencia en los centros de privación de la libertad han generado grave conmoción en la sociedad y requieren un fortalecimiento inmediato del sistema de rehabilitación social para precautelar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad", señalaba en el considerandos los decretos 741 y 823 del año pasado.

Días atrás, se había registrado muertes violentas de dos reos en los centros de rehabilitación social de Cotopaxi y Azuay.

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El motivo de esta declaratoria fue atender las necesidades emergentes de dicho sistema a fin de precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad y se dispuso la movilización de todas las entidades de la administración pública, en especial, Fuerzas Armadas, Policía, el Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas y Adolescentes Infractores.

Se suspendieron los derechos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, correspondencia, de reunión y otros y se dispuso las requisiciones a las que haya lugar para mantener la seguridad y el orden al interior y exterior de los centros.

Este estado de excepción con su renovación terminó el 15 de agosto del 2019.

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El Gobierno ya suma la dos estados de excepción en el sistema penitenciario y una renovación.(I)