Un día después de que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Wilman Terán, ordenó la prohibición de salida del país y la prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas contra el juez de Pichincha, Henry Cáliz, acusado del delito de enriquecimiento ilícito, desde el Consejo de la Judicatura (CJ) se anunció la suspensión del juez investigado, a quien se le abrió una instrucción de 90 días.

"En razón del los hechos de conocimiento público sobre presunto enriquecimiento ilícito del juez de la Corte Provincial de Pichincha, H. C., informó al país que he dictado medida cautelar de suspensión, con el fin de precautelar el servicio de justicia, mientras el servidor es indagado", señaló la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, en su cuenta personal de Twitter.

El fiscal general subrogante Wilson Toainga acusó al juez de que mantendría movimientos económicos inusuales y no reportados formalmente. Fiscalía presentó 17 elementos de convicción, entre ellos, informes de análisis financieros de los movimientos bancarios del procesado que detallarían que el Cáliz no ha podido justificar $ 565.394,58, monto por el que el juez ordenó la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas en el sistema financiero.

Publicidad

Según Fiscalía, el procesado es accionista en tres compañías: Compañía Constructora y Ferretera Cáliz Barragán Cía. Ltda., la Huerta Industria Alimenticia INALAHU Cía. Ltda. y Compañía de Seguridad CIUDADSEG Cía. Ltda. Aparentemente, a través de ellas se habrían realizado movimientos económicos que no han sido declarados.

La Fiscalía solicitó para Cáliz, además de la prohibición de enajenar bienes por más de medio millón de dólares, la prisión preventiva, solicitud que no fue aceptada por el juez.
Cristian Romero, abogado del juez Cáliz, aclaró que el juez de la CNJ rechazó el pedido de prisión preventiva, pues el ahora procesado ha colaborado en la investigación. Además, explicó que los movimientos económicos de su cliente se justifican en lo que gana como docente universitario y juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y también por ingresos de una constructora que mantiene junto a su familia. (I)