Pablo C.L, acusado del presunto delito de faenar una tortuga olivácea o golfina (Lepidochelys olivacea) en marzo pasado en un barrio del cantón Villamil Playas, Guayas, fue declarado, esta tarde, inocente por el juzgado multicompente de ese cantón.

La diligencia había quedado postergada por pedido de la Fiscalía debido a que varios testigos no se presentaron el pasado 07 de julio. La defensa del acusado negó que él haya estado en el momento del faenamiento.

Además, el juez que llevó el caso decidió abrir un expediente contra Aparicio C., padre de Pablo C.L. Los abogados del acusado anunciaron que demandarán a las personas que los señalaron como presunto autor, ya que estuvo preso hasta el pasado 07 de julio cuando el juez le concedió medidas sustitutivas.

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La muerte del quelonio quedó registrada en videos. Esta especie es considerada en estado vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Cruz Franco, guardaparque del Área Nacional de Recreación Playas Villamil, presentó una denuncia por este suceso. En un informe se detalla que el hecho ocurrió en el barrio Gómez Rendón.

El colectivo Pacífico Libre, cuyos miembros realizaron un plantón a las afueras del juzgado, cuestionó el accionar del Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador (MAAE) en este caso.

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En un comunicado aseguró que el MAAE no armó la defensa legal necesaria “desde el momento de la primera audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. La coordinación provincial del Ministerio del Ambiente no hizo nada”.

Además, afirmó que el MAAE no presentó pruebas y evidencias suficientes, y que los profesionales que realizaron la necropsia, no eran peritos en la materia. También denunciaron que a la diligencia no acudieron ni la guardaparque que puso la denuncia ni los testigos del MAAE.

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En su momento, el Movimiento Animalista Nacional del Ecuador (MAN) indicó que la tortuga estaba viva cuando fue faenada y que tenía 125 huevos, los cuales le fueron “sacados”.

Nosotros ya estamos en contacto con organizaciones internacionales de protección de tortugas marinas para tener respaldo de otros países. El problema es que si este delito queda impune, es un mal ejemplo”, indicó Cecilia Torres, miembro de Pacífico Libre.

Además, asegura que la fauna marina protegida tiene derechos constitucionales en Ecuador y la autoridad ambiental debería defenderlas en lo legal correctamente. (I)