Alejandra contó que acompañó semanas atrás a un familiar, adulto mayor, a cobrar el bono de desarrollo humano: "Resulta que se ha cobrado".

Por la cuarentena, explicó, no habían podido cobrar. Al igual que ella, 1739 personas han presentado quejas ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) sobre cobros ilegales entre enero y junio de este año, que suman $ 185 251, es decir, esas asistencias sociales fueron cobradas por falsos beneficiarios, sobre todo, de bonos de desarrollo humano, bonos de desarrollo humano variable para personas en extrema pobreza y bonos para personas con algún tipo de capacidad reducida, según los registros del MIES.

No es un problema que se ha originado en este año. En el 2018, el monto a recuperar ascendió a $ 872 200; y, en el 2019 se calculó en $ 900 279. Esas cifras y la de este año suman casi $ 2 millones, dinero que no llegó a los beneficiarios.

Para investigar las quejas de estos meses, el MIES ha presentado 196 denuncias en la Fiscalía: 15, por abuso de confianza; 17, por estafa; 4, por falsificación de documentos; 67, por falsificación y uso de documentos falsos; 18, por falsificación de firmas; 2, por peculado; 59, por suplantación de identidad; 3, por usurpación de identidad; y, 7 por otro tipo de causa. No se precisó el detalle de 4 denuncias.

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"Una funcionaria que cobraba comisión por el cobro del bono. Llamaba a la persona y le decía: 'Usted tiene un bono acumulado de seis meses, yo le ayudo a cobrar pero usted me tiene que dar dos pensiones de las seis'. El otro caso es de un funcionario que se valía de tener información para poder llamar a las personas para decirles, casi, casi chantajearlas, es decir: 'Usted puede cobrar pero me tiene que dar un dinero a mí'", detalló el ministro de Inclusión Social, Iván Granda, sobre los dos casos de peculado.

Añadió, por ejemplo, que en el primer caso, esa persona fue sentenciada y destituida.

El 10 de julio pasado, la Policía y la Fiscalía ejecutaron un operativo, denominado Dingo, en Pichincha, en el que se detuvo a cinco personas que integrarían una banda que se dedicaba a realizar cobros ilegales de bonos sociales. Un juez ordenó la prisión preventiva de cuatro y la presentación periódica del quinto procesado.

#ATENCIÓN | #Pichincha: 5 detenidos y vehículos, tarjetas de crédito, chequeras y dinero incautados deja el operativo #Dingo, liderado por #FiscalíaEc esta madrugada en #PuertoQuito y #LaConcordia, por el cobro del bono de desarrollo humano, de forma presuntamente fraudulenta. pic.twitter.com/wwHTc7PfxE

En los allanamientos a ocho domicilios, los policías hallaron unos $ 5 mil en efectivo, carros y otros artículos.

En un comunicado de la Fiscalía, se explicó que uno de los detenidos trabajaba en una institución financiera y era quien identificaba a los beneficiarios del bono de desarrollo humano u otra de las ayudas sociales estatales que no habían cobrado durante tres o cuatro meses, ya sea por muerte o viaje.

Estrategia en tiendas de barrio

Esa información era entregada a otras personas que integraban la supuesta organización, quienes retiraban los bonos en las tiendas de barrios, donde se pueden hacer los cobros: entre $ 80 y $ 200. La Fiscalía detalló que los sujetos habrían retirado entre $ 1 mil y $ 2 mil cada dos días, posiblemente por más de un año, y sin presentar la cédula de identidad del beneficiario. Haciendo el cálculo solo por $ 1000 y por un año, lo sustraído asciende a más de $ 180 mil.

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El ministro Granda aseguró que si el beneficiario del bono presenta la queja en una de las oficinas del MIES, esta entidad solicita información al banco responsable del punto de cobro involucrado y, de ser necesario, se presenta una denuncia en la Fiscalía.

"No pierden el bono, tenemos un seguro. El usuario o beneficiario del bono al generar la denuncia respectiva, en cualquiera de los 46 balcones de servicios del MIES, constatamos la información y le volvemos a pagar (entre 30 y 40 días después del reclamo)", dijo el funcionario.

De enero a junio de este año, se han inhabilitado 487 puntos de pago de los bonos y pensiones del MIES, la mayoría corresponsales no bancarios, es decir, tiendas de barrios.

En el 2019, se inhabilitaron 1053, en su mayoría despensas. En ese año, los montos a recuperar ascendieron a $ 900 279. En el 2018, la cifra es igual de alta, $ 872 200.

A mediados de mayo, decenas de beneficiarios de bonos estatales se aglomeraron en los exteriores del Mall del Sur. Foto: José Beltrán.

Para prevenir este tipo de irregularidades, el MIES alista un proyecto desde hace dos meses para bancarizar el pago de las ayudas sociales.

"Las personas no van a poder cobrar si no es personalmente o con un poder (...). Van a tener una tarjeta de débito para cajeros, donde tienen que poner una clave. No solo es importante por el tema de seguridad, sino también por un proceso de inclusión financiera. ¿Qué significa esto? Que puedes ser parte de los procesos de créditos de los bancos, eres un cliente y usuario de la banca", destacó Granda.

Del 1 de abril al 30 de junio de este año, el Estado ha entregado 3,2 millones de bonos, incluidas las asistencias de protección familiar por la pandemia. (I)