A casi dos años de que el exsecretario de Comunicación (Secom) Fernando Alvarado se fugara del país, luego de retirarse el dispositivo de vigilancia que mantenía como parte de su medida cautelar por el delito de peculado, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se inició la audiencia de juzgamiento contra quien fue la mano derecha de la propaganda y comunicación del Gobierno del entonces presidente Rafael Correa.

El exlíder de la Secom se enfrenta desde ayer a una audiencia de juicio que podría terminar con una sentencia de cinco a siete años de cárcel, como se lo define en el artículo 278, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que habla del peculado.

Pese a que Alvarado esté fuera del país y sea visto por la justicia como un prófugo, él puede ser juzgado en ausencia.

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Junto a Alvarado también están siendo procesados en calidad de coautores el exsubsecretario de la Secom y cooperador eficaz de la Fiscalía Pablo Yánez; el exfuncionario de la Secom Galo Pacheco; y el entonces proveedor de la Secom Carlos Bravo, relacionado con la productora Gota Azul.

El fiscal general subrogante Wilson Toainga, al igual que la Procuraduría General del Estado, aseguró en su alegato de apertura que comprobará que los cuatro procesados causaron un perjuicio al Estado al realizar contrataciones de servicios de comunicación en los que existirían irregularidades.

El proceso penal arrancó el 9 de agosto de 2018, debido a un Informe de Contraloría de 2018 con indicios de responsabilidad penal. Mediante un análisis de la gestión en la Secom, entre junio de 2013 y mayo de 2017, la Contraloría determinó que Alvarado, en su calidad de secretario de Comunicación, inobservó normas legales para la contratación de personal y proveedoras.

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Carlos Alvear, defensa de Alvarado, aseguró que se habría cambiado la teoría del caso por parte de Fiscalía y ahora se le estaría acusando a su cliente de un nuevo tipo penal. Ante ese supuesto cambio, Alvear solicitó tiempo para revisar la nueva acusación, pero el Tribunal negó el pedido.

Para Alvear, el Tribunal de Juzgamiento debe ratificar la inocencia de su cliente, pues, cree, él actuó según las competencias de su cargo público.

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"Existen distintas figuras de peculado y una de ellas es mucho menos gravosa que se entiende que es la que se beneficiaría a través de cargos públicos a terceras personas. Fiscalía hace la referencia que la persona que habría sido beneficiaria de este cargo público sería el difunto Víctor Hugo Erique; sin embargo, él no fue un servidor público de la Secom, sino que fue contratado por servicios técnicos profesionales", explicó Alvear.

Lorena Grillo, defensa del cooperador eficaz Yánez, pidió a los jueces que la audiencia se realice en reserva debido a la cooperación existente. El Tribunal negó la solicitud.

El testimonio anticipado de Pablo Yánez fue la primera prueba testimonial que presentó y reprodujo la Fiscalía en el inicio de esta audiencia. El exsubsecretario indicó que el ahora procesado Carlos Bravo pese a no ser funcionario público tenía una oficina en la Presidencia de la República y que luego en el edificio de los Medios Públicos.

José Charry, defensa de Carlos Bravo, indicó que su defendido es inocente de los relatos que afirman Fiscalía y Procuraduría y adelantó que probará que este proceso ha sido largo, irregular e ineficiente. (I)

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