El contralor general del Estado (subrogante), Pablo Celi, envió el 28 de mayo pasado un oficio, vía correo electrónico, a todos los servidores públicos del país, disponiendo que realicen la actualización de su declaración patrimonial juramentada. El cumplimiento de esta disposición es obligatorio y deberá realizarse hasta el 30 de junio próximo.

La Contraloría General del Estado (CGE) efectúa este requerimiento amparada en el inciso tercero, artículo 3, de la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, que atribuye al contralor la facultad de solicitar la actualización y presentación de este documento, en cualquier momento del ejercicio del cargo público.

Este procedimiento se lo realizará exclusivamente a través de la página web de la CGE, opción servicios en línea. Antes de actualizar su declaración patrimonial, cada funcionario deberá suscribir la declaración de responsabilidad por el uso de medios electrónicos que está en el portal web (www.contraloria.gob.ec) e indicar su dirección de domicilio y correo electrónico, como lo determina el artículo 19 de la Ley Orgánica de Servicio Público.

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Las máximas autoridades, en coordinación con las unidades de talento humano de todos los organismos públicos, deberán verificar el puntual cumplimiento de esta disposición y reportar cualquier novedad a la Contraloría.

Según los artículos 229 y 231 de la Constitución, los servidores públicos sin excepción deben presentar, al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determina la Ley, su correspondiente declaración patrimonial juramentada.

El pedido del contralor subrogante se da en medio de una serie de denuncias e investigaciones por actos de corrupción ocurridos en la adquisición de insumos y materiales para enfrentar la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 y en el que estarían involucrados funcionarios públicos de diversos niveles jerárquicos. (I)