El Municipio de Quito continuará con la compra de pruebas PCR para detectar coronavirus. El proceso seguirá una vez que se nombre al remplazo de Lenín Mantilla en la secretaría de Salud, entidad que se ha visto envuelta en un escándalo.

Al menos seis nuevos allanamientos realizó la Fiscalía de Pichincha, entre el mediodía y la tarde de jueves, dentro de la investigación previa que mantiene abierta ante un posible sobreprecio en la adquisición de 100 000 pruebas PCR para COVID-19 hecha por esa secretaría. Uno de los inmuebles allanados fue el de Mantilla.

También la Fiscalía ingresó para recabar elementos e indicios al hospital de Calderón, a viviendas en los sectores de La Mañosca, Tumbaco y San Carlos, en el norte de Quito, y Chimbacalle, en el sur.

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200 000 pruebas en total

El anuncio de que se van a adquirir más pruebas lo hizo el alcalde Jorge Yunda. Mencionó que, apenas se posesione el nuevo secretario o la nueva secretaria de Salud, el cabildo irá a un proceso de adquirir 100000 pruebas más.

Esto porque las adquiridas durarían entre 70 y 80 días debido a que empezarán a hacerse 1500 test a diario.

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“Es realmente lo que le va a servir a la ciudad justo cuando salimos al semáforo amarillo. Eso nos va a permitir que apenas encontremos un positivo, se pueda aislar. A los que están negativos sigan haciendo sus actividades con mucho cuidado (...)”, dijo a una radio.

Concejales de Quito piden que ese proceso sea llevado de manera transparente.

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Para Bernardo Abad, edil independiente, la compra hay que llevarla adelante si es que es un proceso transparente, sin que levante dudas. Agregó que se debe hacerlo porque la base fundamental para tener información sobre el avance de la pandemia son las pruebas. Pero la adquisición anterior, agregó, tiene que aclararse.

"Él (Mantilla) tiene que responder a la justicia. Será la justicia la que determine si es que hubo o no hubo algún tipo de dolo”, señaló Abad. También cree que hay corresponsabilidad política del alcalde Yunda, porque él escoge y designa a sus colaboradores.

La concejala Luz Elena Coloma consideró que el tema de aplicar pruebas debe englobarse en una estrategia completa. “Y hay que trabajar en coordinación con autoridades nacionales de salud. Fundamental comprar pruebas y tener el mecanismo para procesarlas y saber qué hacer con el (paciente) positivo”, añadió.

El vicealcalde Santiago Guarderas también está a favor pero, a su criterio, primero hay que terminar de aplicar las pruebas que ya fueron importadas. El proceso contractual fue analizado por el Concejo Metropolitano. El debate de lo expuesto continuaría en los próximos días. Yunda, en las últimas horas, ha realizado acciones para que su imagen no se vea afectada. Ha usado frases como que nada ha tenido que ver con contrataciones.

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Pidió a la Contraloría General del Estado un examen especial a su gestión. Además un acompañamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción. Aseguró confiar en la justicia. Exhortó a que las investigaciones que pidió sean llevadas a cabo con prontitud.

“No puedo, ni debo permitir que el trabajo denodado de miles de servidores públicos de la ciudad capital se vea empañado con la presunción de actos irregulares que lamentablemente han sido noticia en las últimas horas”, expresó en un comunicado. De la mano hay cambios de colaboradores en empresas metropolitanas.

Para Guarderas, el proceso anterior, en términos generales, tuvo que haber sido conocido por el alcalde. “Pero detalles minuciosos, de cómo se estaba llevando adelante, con quién se iba a contratar, debo suponer que no lo conocía. Imagínese lo que significaría que el alcalde esté conociendo detalles de cada una de las contrataciones”, indicó.

“Me he fajado literalmente para llegar a este momento con la triste pérdida de 300 vidas de quiteños en esta pandemia y evitar unas diez mil muertes calculadas como para que alguien ponga en duda mi accionar”, escribió el alcalde Yunda en su cuenta de Twitter. El remplazo de Mantilla aún se desconocía este viernes 29. (I)