Ecuador debió asumir las consecuencias del riesgo que corrió al firmar dos contratos de deuda en condiciones onerosas. Debió pagar de manera anticipada, en momentos en que la liquidez es escasa por efectos de la crisis generada por el COVID-19, $865 millones por dos contratos de repo (deuda a través de venta de bonos con compromiso de recompra) por $1000 millones, y que tenían una garantía o colateral con bonos por $2500 millones. Tales acuerdos fueron celebrados con los bancos de inversión Goldman Sachs y Credit Suisse.

La operación se puede ver en el último boletín de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual se asienta una amortización en abril de $865 millones a estos bancos de inversión. Este pago no estaba en los planes del Gobierno, pues el vencimiento se había pactado para 48 meses, es decir, en 2022.

Pero debió hacerlo ante la pérdida de valor de los bonos que las respaldaban (a causa del incremento del riesgo país) y el contrato establecía que el Gobierno tenía que compensar la pérdida con efectivo.

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El Gobierno reconoció el jueves por la noche que realizó la cancelación de esas obligaciones, pero aclaró que los recursos no se entregaron en su totalidad en abril, sino que ya había acumulado pagos desde noviembre pasado. “Si bien las operaciones se cancelaron en abril de 2020, los recursos para su liquidación ya habían sido descontados con anterioridad desde noviembre de 2019. En consecuencia, no se pagaron $1000 millones en abril”.

Según el ministerio, entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, Ecuador tuvo que hacer pagos previos por $762,9 millones en “llamadas al margen” (montos obligatorios ante pérdida de valor de los bonos), es decir, un promedio de $153 millones al mes. Además ya había amortizado $ 220 millones. Por tanto, para liquidar estas operaciones de repo solo fue necesario un pago de $35,9 millones en abril de 2020.

La cancelación de dichas operaciones permitió la recuperación de los bonos 2022, 2023 y 2026, por $2410 millones (valor nominal), que fueron garantía del repo.

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Según Santiago Mosquera, director de la USFQ Business School, las operaciones repo no son recomendables bajo ningún punto de vista: “Son onerosas y poco transparentes”, aseguró.

Pero reconoció que en 2018, cuando se dieron, Ecuador no tenía muchas más opciones de financiamiento ni acceso a mercados. Dijo que el repo “es un mecanismo desesperado para obtener financiamiento”.

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En ese momento el Gobierno había destacado que se obtenían los recursos con tasas más bajas (6,55 %) que las del mercado (9,63 %).

De todas maneras, Mosquera consideró que el Gobierno ha tenido un comportamiento responsable en este tema al cumplir con estos acreedores.

Para Alberto Acosta Burneo, director de Análisis Semanal, el repo solo es el síntoma de un problema mayor: Ecuador cada vez tiene menos opciones de endeudamiento y que en vez de seguir haciéndolo debió, desde 2015, ajustar el gasto. Sin embargo, ni el Gobierno anterior ni el actual tomaron la decisión de hacer ese ajuste.

Para Acosta es lamentable que, por un lado, al Gobierno se le reclame cuando trata de hacer ajustes, sin entender que si no lo hace, le toca buscar financiamientos “creativos”, como este repo. También opinó que el Gobierno ha buscado cumplir con todos sus acreedores, tanto los bancos como los tenedores de bonos.

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Y que posiblemente en el caso de los bancos no había cláusulas de escape, pero en los bonos existen las de consentimiento que ya ha activado el Gobierno para negociar.

El ministerio comentó que el pago de los repo permitió avanzar en la solicitud de consentimiento para el diferimiento de intereses y renegociación de la deuda externa, sin entrar en default formal y eliminando el riesgo de contingencia del portafolio de bonos. (I)