Según una certificación presupuestaria del hospital Teodoro Maldonado Carbo para la compra de 5200 mascarillas N95, se asignaron $546o, es decir, cada implemento de protección costaría $1,09 y no los $6,71 como la Prefectura del Guayas pretendía pagar por cada una de las 50 000 mascarillas N95 que adquirió a la firma AccesMedical S. A.

Las instalaciones de dicha compañía fueron allanadas el miércoles al igual que la Prefectura, luego de conocerse que habían firmado un contrato por $585 000.

La Fiscalía investiga un supuesto peculado en la adquisición de insumos médicos con presunto sobreprecio, pues además de las mascarillas, la entidad adquirió 5000 pruebas rápidas de COVID-19 a $23,16 cada una; mientras que el Municipio de Guayaquil había comprado 50 000 de estas a $11,20 cada una.

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Se incautaron catorce computadores y documentación. Además, en la oficina de la empresa proveedora se retuvo al gerente y a la jefa de compras. Se tomaron sus declaraciones en la Fiscalía, pero la entidad no dio detalles de las versiones.

“Se presentaron ocho cotizaciones para la venta de las mascarillas y ganó el precio más bajo de entre los que cumplían, en un caso se quería pago de contado antes de la entrega y en el otro presentaron la oferta incompleta y fuera del tiempo solicitado. Hubo cinco oferentes de mayor valor al adjudicado”, dijo el prefecto Carlos Luis Morales en sus redes sociales.

Poco después, los municipios de Milagro, Durán, Balzar, Colimes y otros emitieron comunicados respaldando a la Prefectura del Guayas.

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Compras de emergencia

Durante el estado de emergencia no hay subasta inversa ni concurso público, se investiga el mercado y se llama directo a proveedores, explicó Ricardo Ramírez, de la Comisión Anticorrupción.

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Según él, estos proveedores suelen ser vinculados entre sí y se ponen de acuerdo, “luego de manera olímpica se alzan de hombros y dicen que compraron al proveedor cuya oferta era la más barata”. (I)