Las deudas que mantiene el Gobierno con los municipios nunca habían tensado tanto la relación entre estos dos niveles como ocurre ahora con la emergencia sanitaria que atraviesan el mundo y Ecuador debido a la pandemia del COVID-19.

Al tiempo de decir que la situación económica es compleja y que se hace todo lo posible por cancelar a los municipios, el régimen insiste en que tampoco se les está transfiriendo nuevas competencias, solo se les está delegando la responsabilidad de decidir, junto a los comités de operaciones de emergencia cantonales, el color de semáforo que tendrá cada lugar.

Pero la realidad dentro de cada municipio y entre municipios es distinta: varios han tenido que empezar a destinar recursos para distribuir kits alimenticios a las población más pobre e inclusive dotar de insumos de protección a las casas de salud que están en sus jurisdicciones. No son sus competencias, pero lo han hecho y con autorización del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N).

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Además, mientras unos municipios tienen sus cuentas en cero y son dependientes de las transferencias mensuales del Gobierno, otros autogestionan gran parte de sus recursos. En el país hay 221 municipios; de ellos, 152 son pequeños, y el resto, 69, se distribuyen entre medianos y grandes, en este último grupo están Guayaquil, Quito y Cuenca.

Aunque entre el martes y el miércoles de esta semana la ministra de Gobierno, María Paula Romo, desconocía a cuánto asciende esa deuda, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME), Raúl Delgado, recolectó la información cantón por cantón y llegó a la cifra de $393 millones, sumando parte de febrero, marzo y abril.

Llevamos retrasos de más de dos meses y eso hace que los alcaldes también entren en desesperación, porque ven sus cuentas en cero, no tienen cómo adquirir nada”, Raúl Delgado, presidente de AME

Romo informó que la semana pasada se habían transferido $91 millones, se desconoce si esto está fuera o dentro de estos $391 millones. La ministra agregó que hay $1200 millones en las cuentas de los GAD, al mes pasado, y que se priorizan los pagos a los más pequeños.

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A las deudas, cuatro impases de corte político se han dado entre el Gobierno y autoridades locales de Quito, Guayaquil y Baños en la emergencia.

Buscamos estrategias para entregar recursos a los GAD, los primeros pagos se están haciendo a los que tienen cero en sus cuentas... Los alcaldes conocen la situación de las finanzas públicas”, María Paula Romo, ministra de Gobierno.

El 12 de marzo, en la mañana, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, se adelantó a suspender las clases, junto a la declaratoria de emergencia; horas más tarde, Romo y la ministra de Educación, Monserrat Creamer, anunciaron la misma medida, pero a nivel nacional.

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Yunda ha tomado la iniciativa en varias ocasiones ante la emergencia lo cual ha generado malestar en las altas esferas gubernamentales, pero sus pedidos al COE-N en el sentido de ampliar el tiempo de aislamiento se han acogido.

Luego se dio el incidente con la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien impidió el aterrizaje de un vuelo que llegaba a recoger extranjeros, autorizado por el COE-N. Romo dijo que “es grave, pero no es momento de polemizar”.

Después surgió el desacuerdo con el alcalde de Baños, Luis Silva, quien quiso impedir que policías ingresaran a la Escuela de Formación en este cantón, según Romo.

Silva dijo que lo hizo porque recibió la alerta de que cinco uniformados habían tenido contacto con pacientes contagiados y, en ese cantón, no había aún infectados.

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Finalmente, los COE cantonales en la provincia de Zamora Chinchipe, entre ellos el de El Pangui, decidieron suspender el paso de contenedores que transportaban insumos para la industria minera, informó el ministro del ramo, René Ortiz.

“Alcaldes que pretenden impedir la salida y el acceso de ciertos productos (de sectores estratégicos)”, declaró Romo, al advertir que eso podría acarrear una acción penal. (I)