Juan Lloret, uno de los coordinadores de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), aclaró que la inclusión del artículo 5 en la Ley Humanitaria sobre aplicar un impuesto del 2% al patrimonio va dirigido a aquellos bienes que pertenecen a empresas que poseen subsidiarias en paraísos fiscales, y no al patrimonio común de los ecuatorianos.

Para este jueves en la tarde, a las 15:30, el presidente de la Asamblea, César Litardo, convocó al pleno para conocer y discutir el informe para primer debate del proyecto económico urgente de Apoyo Humanitario, que busca una recaudación de $1200 millones. Estos recursos serán destinados a enfrentar las consecuencias ocasionadas por la emergencia sanitaria y que financiarán planes, programas, proyectos y actividades de salud y sustento de personas en estado de vulnerabilidad, incluyendo transferencias monetarias; proyectos para sostener el empleo y para la reactivación productiva. No se podrá usar el fondo para el pago de deuda externa.

El proyecto remitido por el Ejecutivo sufrió varios cambios tras el tratamiento en la Comisión de Desarrollo Económico y las bancadas legislativas han anticipado que no respaldarán la aplicación de nuevos impuestos que podrían afectar a la clase media. En esa posición están los bloques del PSC, CREO, SUMA y RC. Advierten que si no hay cambios respecto a los ingresos para el fondo, que no afecten a la clase media, no respaldarán con sus votos.

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El debate sobre el impuesto al patrimonio de bienes en paraísos fiscales surgió tras interpretaciones que salieron de los mismos legisladores y algunos representantes empresariales. De ahí que Juan Lloret, proponente de la inclusión de este texto en la propuesta del Ejecutivo, salió a aclarar que la intención no es gravar con impuestos al patrimonio común de los ecuatorianos.

Lo que busca la reforma contemplada en el Art. 5 del proyecto urgente, explicó Lloret, es gravar con el 2% para aquellas empresas que si bien tienen sus patrimonios en Ecuador, pertenecen a empresas que están domiciliadas en un paraíso fiscal; “es única y exclusivamente a esos patrimonios a los que se gravan, no a patrimonios de los ecuatorianos que no tienen empresas en paraísos fiscales”, subrayó tras señalar que la redacción como está concebida puede prestarse a interpretaciones, por lo que pedirá mayor precisión para el segundo informe.

Recordó que en el 2016 en la Ley de Solidaridad, que se aprobó por el terremoto que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas, en el artículo 5, se incluyó una tasa del 1,8%, al patrimonio de las empresas en paraísos fiscales, con lo cual se recaudó $129 millones, y lo que se busca es incrementar ese impuesto al 2% a ese tipo de bienes que pertenecen a empresas residentes en países que brindan ventajas en la exoneración de impuestos. (I)