La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió al Gobierno de Lenín Moreno que lo responsabilizarán de "cualquier reacción del pueblo" por las medidas económicas que se tomen por la pandemia del coronavirus.

La organización dio a conocer las resoluciones que se tomó en su consejo político, entre las que constan: "exigir al Gobierno a que se abstenga de seguir tomando medidas económicas que ponga en riesgo el bienestar social sobre todo la eliminación de subsidios a los combustibles, e incluso el gas. Desde ya, responsabilizamos al Gobierno por esas decisiones ante cualquier reacción que el pueblo ecuatoriano tome en defensa de sus derechos".

Rechazan las propuestas del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada de COVID-19, y el proyecto de Código para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, porque "los trabajadores del campo y la ciudad serán quienes paguen la crisis (64 % del fondo total) y no las élites empresariales que más riqueza han acumulado", cuestionan.

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Exigen al régimen que, frente la caída de los precios del petróleo detengan su producción, suspendan la venta anticipada de crudo a China y Tailandia, y renegocie los contratos, y que "se acoja de inmediato el Programa Económico Alternativo entregado por el Parlamento de los Pueblos", que se elaboró después de las protestas de octubre del 2019.

Respecto al coronavirus, exigen conocer cuántos indígenas, afroecuatorianos y montubios están contagiados, y, en esa línea, piden la nacionalización de la salud privada; y también que se finalice el año lectivo del régimen Sierra y Amazonía porque las tecnologías de información y comunicación no dan cobertura en el sector rural y "pone en riesgo la salud de las comunidades, puesto que los estudiantes deben salir a las ciudades en búsqueda de internet para cumplir con sus tareas escolares".

En otro tema, la Conaie reclama la reparación socio-ambiental por el derrame de petróleo que se produjo por la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en el sector de San Rafael, y la compensación a 150 indígenas y campesinas, y 118 000 personas afectadas. (I)