La canciller boliviana, Karen Longaric, lanzó este jueves en Washington junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una investigación a cargo de un grupo de expertos independientes para esclarecer las violaciones a los derechos humanos después de las elecciones de octubre, que dejaron una treintena de muertos.

Longaric forma parte del gobierno de transición de la derechista Jeanine Áñez, que asumió el poder después de la renuncia de Evo Morales en noviembre, a raíz de protestas opositoras tras denuncias de fraude electoral.

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Longaric visitó la CIDH para concretar el acuerdo que su Gobierno suscribió el 12 de diciembre con el organismo para crear un mecanismo "encargado de apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019".

La ministra destacó que se tratará de una investigación de "amplio espectro" para reconciliar la pueblo boliviano y evitar en el futuro hechos similares.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que son designados por la CIDH, tendrá una misión de seis meses renovables que comenzará en febrero.

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Los cuatro expertos seleccionados por la Comisión son Juan Méndez, que fue relator de la ONU para la tortura y víctima de la dictadura argentina; Patricia Tappatá, experta argentina en derechos humanos; el fiscal brasileño Marlon Weichert, y el académico Julian Burger, profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex.

Divergencias

La relación entre el nuevo gobierno boliviano y la CIDH no ha estado exenta de roces.

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Tras la toma de poder de Áñez, la CIDH cuestionó un decreto del ejecutivo, después derogado, que otorgaba inmunidad a los militares en la represión a protestas durante los conflictos sociales en noviembre.

La semana pasada, el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, criticó al organismo y puso en duda su imparcialidad.

La CIDH emitió un informe preliminar en diciembre en el que denunció dos masacres cometidas en Sacaba y en Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos 18 personas y en el que pidió una investigación internacional.

El gobierno boliviano descalificó el informe como 'sesgado' y 'parcializado' y entonces Longaric aseguró que el reporte no se ajustaba a "la verdad de los hechos" y que tomaba partido por uno de los sectores en conflicto, en este caso los partidarios del expresidente Morales.

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"Nosotros hemos estado muy confundidos con el informe preliminar que hizo la CIDH porque no fue un informe independiente porque pidió una investigación pero calificó los hechos como masacre y violencia racial", dijo durante el lanzamiento de la investigación el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio.

Áñez asumió la presidencia después de que los comicios del 20 de octubre fueran anulados tras un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que señaló irregularidades en el recuento de votos en favor de Morales, en el poder desde 2006 y con el deseo de gobernar hasta 2025.

Evo Morales anunció que exministro Luis Arce será candidato a la presidencia de Bolivia

Tras su marcha, el expresidente denunció un "golpe de Estado" y se asiló primero en México y luego en Argentina.

Bolivia se encamina ahora a nuevas elecciones generales el 3 de mayo, en las que Morales no podrá ser candidato ni elector.

Para informar sobre ese proceso Longaric visitará este jueves el Consejo Permanente de la OEA y antes se reunirá con su secretario general, Luis Almagro. (I)