El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violentas protestas de octubre pasado en Ecuador tiene un "sesgo", dijo este miércoles la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

"Para quienes estuvimos en el país, quienes lo vimos con nuestros ojos, quienes sabemos lo que pasó, es un informe que tiene un sesgo lamentablemente", expresó Romo en una entrevista con radio Sonorama.

Agregó que el gobierno analizará el reporte y emitirá una respuesta al organismo, que visitó Ecuador entre el 28 y 30 de octubre, después de las manifestaciones.

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La ministra opinó que organismos de derechos humanos "tienen la obligación" de tener "una mirada realmente más honesta sobre lo que está sucediendo, que no adopte ningún sesgo, que sea capaz de tener un informe con neutralidad".

La CIDH recomendó el martes a Ecuador que establezca un plan de atención y de reparación integral para las víctimas de las protestas, que dejaron una decena de muertos, 1340 heridos y 1192 detenidos, según la Defensoría del Pueblo.

El organismo, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), instó a las autoridades ecuatorianas para que "investiguen de forma pronta y exhaustiva" denuncias de violencia en el marco de las protestas y recomendó avanzar en las indagaciones correspondientes a las muertes ocurridas entre el 2 y 13 de octubre, cuando estallaron las manifestaciones.

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Romo expresó el deseo del Gobierno de que se aclaren "exactamente las circunstancias" de los decesos "para que quede claro si se pueden o no atribuir al Estado esas muertes".

"Somos los primeros interesados en que esas circunstancias se aclaren para que estos lamentables acontecimientos (...) no se atribuyan con tanta facilidad al Estado" sino al contexto violento que vivió el país esos días, apuntó la ministra.

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Las protestas de octubre pasado estallaron después de que el Gobierno de Lenín Moreno decretó un alza de los combustibles pactada con el Fondo Monetario Internacional, en el marco de un crédito con el organismo.

La crisis terminó el 13 de octubre con un acuerdo entre el Régimen y los indígenas, que lideraron las protestas, bajo el cual se derogó el decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles. (I)