Once recomendaciones entregó este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Ecuador (CIDH), tras la presentación de su informe sobre las protestas de octubre pasado, que surgieron tras el anuncio presidencial de eliminación del subsidio a los combustibles.

Durante la visita, la CIDH entrevistó a un total de 439 personas y registró 380 testimonios que reclaman ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas, expresa en el documento.

Entre las recomendaciones, pidió respeto y garantía de los derechos a la protestas, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. En sus concluisones insta a las autoridades a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población.

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Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias. De acuerdo a la información entregada por la Defensoría del Pueblo, la comisión toma nota de que al menos once personas habrían perdido la vida en el contexto de las protestas sociales en el país, se expresa en el comunicado.

Pide también garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación. En relación con éstos últimos, el Estado debe garantizar el respeto de la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura.

Llama a mantener, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo que permita consultar y brindar información a las personas afectadas por las decisiones económicas asumidas por las autoridades.

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Adoptar todas las medidas a fin de garantizar el derecho de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores a participar en manifestaciones sociales con la debida protección de su derecho a la libertad de expresión y de reunión. La CIDH recuerda que, en los pueblos indígenas, el vínculo y acompañamiento entre las generaciones y grupos etarios constituye un elemento de su cosmovisión necesario para el traspaso de la herencia cultural y proyección del colectivo como pueblo;

Mantener el llamado a la paz y al diálogo, a fin de evitar estigmatizaciones y propiciar un ambiente de diálogo con todos los sectores de la sociedad; y abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen, criminalicen o generen un ambiente de intimidación hacia líderes y lideresas indígenas.

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Sobre las víctimas, la CIDH pide avanzar en las investigaciones correspondientes a las muertes de personas indígenas ocurridas en el marco de las manifestaciones, de manera diligente, efectiva e independiente que conduzcan al juzgamiento y sanción de los responsables, así como a obtener las medidas de reparación individuales y colectivas correspondientes a las víctimas y sus familiares, comunidades y nacionalidades indígenas;

El informe recomienda que con la participación de las organizaciones indígenas, capacitar en materias de derechos humanos e interculturalidad a los servidores públicos encargados de tareas de mantenimiento del orden público. (I)