Aún no hay claridad sobre la indemnización civil que debe pagar la brasileña Odebrecht con al Estado ecuatoriano por el caso de sobornos Lava Jato dentro de la denominada Mesa de Reparación Integral.

Según Íñigo Salvador, procurador general del Estado, la posición de Mauricio Cruz, director regional de la empresa, es que el Estado tiene retenidos dineros que sobrepasan los $100 millones y que quisieran que, con cargo a eso, se haga pago de impuestos que deben. Además que se pueda pagar a proveedores, y lo que reste se quedaría en Ecuador como indemnización.

“Eso a mí me parece que no es objetivo, no es procedente y no es justo. Hay que determinar cuál fue el daño y hay que determinar un porcentaje de ese daño que deba pagarse al Estado ecuatoriano como resarcimiento, no lo que los señores de Odebrecht digan que queda como resto de unos pagos que ellos tienen que hacer (...) si ellos dicen, vean ni hablar solamente lo que quede de esos montos que nos tienen retenidos será lo que se pueda discutir a efectos de indemnización porque nosotros no podemos traer plata nueva del exterior, entonces no estamos negociando nada, básicamente estamos recibiendo una puchuela”, dijo el funcionario.

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Recordó que la negociación estaba “lenta” por la falta de acuerdo sobre el monto del daño, pero los hechos de octubre causaron lo que llamó un entorpecimiento del tema.

Salvador junto con el contralor general (s), Pablo Celi, tienen previsto evaluar la situación y ver qué camino tomar.

Acerca de una demanda presentada por Odebrecht por la terminación unilateral del contrato hecho por Petroecuador en relación con el proyecto del poliducto Pascuales-Cuenca, Salvador indicó que lo resolverá el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil. “Mientras no haya una sentencia contra del Estado, no es una suma que entre dentro de las conversaciones que estamos teniendo con Odebrecht para la indemnización”. (I)