Cuatro días duró la audiencia de procedimiento directo por el delito de paralización de servicio público que se instauró contra el asambleísta de la Revolución Ciudadana Yofre Poma; el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez; el concejal de Lago Agrio, Víctor Burbano, y otras seis personas. El conjuez David Jacho dirige la audiencia.

Unas 100 personas se ubicaron en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia ayer para pedir que los nueve procesados, que fueron detenidos el 7 de octubre pasado, sean liberados y con ello se haga “justicia”.

Hasta este martes  se evacuaba la última parte de la audiencia de juzgamiento, es decir, la presentación de los alegatos de las partes.

El fiscal subrogante, Wilson Toainga, emitió un dictamen acusatorio contra todos los procesados como coautores del delito que tiene una pena de entre uno y tres años de cárcel.

Según la Fiscalía, los detenidos habrían ingresado de forma violenta a las instalaciones en las que funcionaban válvulas del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y obligaron a dos técnicos a paralizar el paso de crudo. Según Petroecuador, la paralización produjo una pérdida de $1,7 millones.

Gustavo García, abogado de Poma, aseguró que Fiscalía no ha probado nada contra su cliente y demás procesados.

Una vez que concluya la intervención de las partes, Jacho evaluará los elementos expuestos en audiencia. (I)