El proyecto de ley económico urgente que llegaría hoy a la Asamblea Nacional no incluirá el tema laboral: en este se plantearán reformas tributarias y a los Códigos Orgánicos de Planificación y Finanzas Públicas, y Monetario y Financiero.

El ministro de Economía, Richard Martínez, explicó ayer que el documento propone, entre otras cosas, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta (IR) y que las microempresas no estén obligadas a hacer la retención en la fuente. Y no se subirá el impuesto al valor agregado (IVA).

Asimismo, se buscará fortalecer el rol del Banco Central del Ecuador (BCE).

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Martínez dijo que, al momento no hay una decisión tomada respecto al decreto que reemplazará al 883, que dispuso la eliminación de los combustibles y que fue derogado el pasado lunes por exigencias del movimiento indígena que realizó una paralización nacional de once días.

“Hay que ampliar el diálogo... La mesa se va a hacer mucho más plural...”. Y se espera hacer las cosas bajo un concepto de focalización y prioridad, aseguró Martínez.

Yo con juicios de por medio, fallecidos de por medio, encima de eso con doce criminalizados por sabotaje, en esas condiciones no me puedo poner en la mesa. Informaré a la Conaie, y que sea decisión del movimiento para que no sea mi decisión la que trunque este proceso de diálogo”. Leonidas Iza, líder de Cotopaxi y delegado a comisión de diálogo

Pero el movimiento indígena amplía sus pedidos para avanzar en las conversaciones con el régimen, en el marco de instrumentalizar lo dispuesto en el Decreto 894 sobre la focalización de los subsidios a los combustibles extra y diésel. 

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Quieren que el debate no se quede solo en la elaboración del nuevo decreto, sino en evitar la criminalización y judicialización de dirigentes que participaron en el  paro nacional.

La exigencia es del presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza Salazar, quien encabeza la delegación de las tres organizaciones que participan en este proceso: la Confederación de Nacionalidades del Ecuador (Conaie), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocín). 

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“No se puede quedar en el tema de construir el decreto cuando tenemos temas pendientes como que hay compañeros que están en la cárcel... Esto se tiene que ampliar, para que sea una mesa técnico-política, y hemos generado algunas condiciones para que se pueda garantizar un ambiente tranquilo”, indicó.

Tras el primer acercamiento entre el presidente Lenín Moreno y la dirigencia, el pasado 13 de octubre, el miércoles se retomó una nueva reunión “introductoria” en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Quito, junto con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), que son los intermediarios. 

Ahí se habló de “compañeros en la cárcel, heridos, fallecidos”, temas que si no se van resolviendo “va a ser como muy chocante trabajar en el tema técnico”, dijo Iza.  

Él, junto al presidente de la Conaie, Jaime Vargas, y otros cinco dirigentes fueron denunciados el 10 de octubre, por el Ministerio de Gobierno, por “secuestrar o retener ilegal e ilegítimamente” a nueve miembros de la Policía, en el ágora de la Casa de la Cultura.

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En medio de estos pedidos, la redacción del decreto no avanza, según Iza; pero cree que requerirán “un tiempo importante” para hacerlo. 

Pero ayer, el  secretario de la Presidencia, José Agusto, expresó que la aspiración es tener el decreto en los próximos días, pues “no pueden dejar de tomar decisiones”.

En cambio, para el analista económico Pablo Dávalos, que es parte del equipo asesor de la Conaie, el documento debe ser consensuado con los sectores.

Calificó a estos encuentros de “tensos”, pero estima que el decreto estará listo “dentro de cuatro o cinco meses”.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que una misión vendrá al país del 28 al 30 de octubre, atendiendo una invitación del canciller José Valencia para que observe la situación interna. (I)