Apelar la prisión preventiva que recibieron el martes la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el dirigente de la Revolución Ciudadana (RC), Christian G., es el paso por el que optaron sus defensas para que ambos puedan defenderse en libertad durante los 90 días de instrucción fiscal por el delito de rebelión. El recurso ya fue concedido en audiencia y se espera el sorteo de ley para que se defina qué juez analizará ambos pedidos.

La noche de ese mismo día, Pabón fue ingresada en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en Latacunga; mientras que Christian G. fue llevado al Centro de Detención Provisional de El Inca, en Quito. El tercer procesado en esta causa, Pablo D., deberá presentarse cada ocho días ante el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán.

La Fiscalía investiga la participación de estas tres personas en actos que supuestamente promovieron y ayudaron a generar situaciones violentas durante los once días de protestas en la capital. Una de las hipótesis que se maneja es que con el caos en las calles lo que se buscaba es desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno.

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Por ejemplo, la transcripción de diálogos entre los procesados sirvió para que el fiscal Santillán construya su teoría del caso. En los diálogos la Fiscalía habría hallado indicios de disposiciones para que salgan a la protesta personas de “todo el barrio” y ahí se pida “la destitución” del presidente.

Entre los procesados se intercambiaba información sobre muertos en protestas, que se había pensado en comprar medicinas y palos para los manifestantes, que se necesitaba fabricar máscaras para la protesta y para eso requerían 15 personas que ayuden... “Que la prefecta necesita algo económico para comprar material que no se puede decir por teléfono, que se han realizado reuniones en la Prefectura, que en las escuchas se puede determinar que se trata de subvertir al pueblo, que con tuits, audios y financiamiento se trata de derrocar al Gobierno”, así se señala en la resolución del juez Julio Arrieta, presidente de la Corte de Justicia de Pichincha.

El secretario ejecutivo de la RC y exasambleísta de Alianza PAIS, Virgilio Hernández, buscado con fines investigativos por la Policía, consta en la información presentada por Santillán. De Hernández se dijo que en el progresivo 10 (informe) se comunica con Roberto, “quien dice que ya le pasa a la jefa y que está saliendo de una reunión que se dirige al sur y que pide reunirse en la Prefectura a las 15:00, que no se exponga”.

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Ayer, El Estado.net publicó una carta en la que Hernández dice que se lo acusa de ‘golpista’ por haber dicho: “Se cae el paquetazo o se cae el gobierno” y proponer aplicar la muerte cruzada.

Critica que como evidencias se tengan publicaciones de Twitter. “Ratifico mi voluntad de concurrir al proceso, simplemente quiero que se me brinden las garantías de la Constitución y convenciones internacionales de derechos humanos, como la de ser considerado inocente y tratado como tal y que se apliquen normas del debido proceso. Concurrir al proceso también permitirá que presidente de la República y altos funcionarios demuestren las graves acusaciones o queden en evidencia frente al país. No espero disculpas ni indemnizaciones, simplemente la verdad”. (I)