Roxana Campusano Ortiz, de 37 años y quien vive en Durán, lleva más de 3 años sin poder trabajar formalmente ni abrir una cuenta bancaria porque el sistema financiero le refleja una deuda de más de $ 7.000 con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y cayó en coactiva por ese servicio que asegura no adquirió.

Ella en 2016 fue un día al cajero y descubrió que su cuenta, que para entonces tenía $2.000, había sido bloqueada hasta que pague la deuda. Sostiene que ese día empezó un suplicio para ella.

El valor que supuestamente adeuda corresponde a dos líneas telefónicas adquiridas en Quevedo, Los Ríos, en el 2002, para cabinas telefónicas.

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Roxana llegó a esa localidad hace tres años y de ahí la enviaron a Babahoyo, donde tras varios viajes logró obtener la copia del supuesto contrato.

Fue firmado por Roxana Ortiz Campusano (sus apellidos al revés), la firma no es suya, pero sí el número de cédula. A pesar de notificar esas irregularidades, sigue sin solucionarse el problema de Roxana.

La semana anterior se reveló una masiva filtración de datos privados de millones de ecuatorianos por internet. Ante ello, una propuesta de las autoridades es que CNT sea la entidad que resguarde la información.

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“Me hacen un juicio de coactiva por una deuda que tiene 17 años y yo me entero cuando me bloquean las cuentas. Cómo me iban a notificar si no tienen mi teléfono, mi dirección ni mi correo”, insiste la mujer que denunció el caso en la Fiscalía por el delito de suplantación de identidad.

Dennys Nay también fue víctima del delito en la misma agencia. En abril del 2015 ella estaba en periodo de maternidad, se acercó al cajero y detectó el bloqueo.

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Cuando acudió a CNT se enteró de que a su nombre sacaron una línea telefónica en la agencia de Babahoyo, pero la línea funcionaba en Quevedo.

Ella jamás había estado ni en Babahoyo ni en Quevedo y debió ir para allá muchas veces para solucionar el problema que le tomó más de 8 meses porque se hicieron peritajes.

“El abogado de coactiva que me atendió en Babahoyo admitió que hay muchos casos de suplantación de identidad y me dijo que se hacía una investigación. Cuando me citaron me dijeron que debía llevar un abogado, no sé cómo pretendían que lo pagara si me bloquearon las cuentas y me tenían retenidos $4.000”, contó Nay.

Pero existen otros afectados por este mismo delito y en la misma agencia de la empresa pública. Esta semana en la Fiscalía del Guayas, Hamilton Navas denunció este delito que se habría cometido en la agencia de Babahoyo.

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A través de un memo de la institución pública a la que pertenece, se enteró de que tiene una deuda de 166 dólares. Él aseguró que jamás adquirió la línea que le adjudican.

En las agencias de CNT de Daule y Guayaquil también se han dado estos casos.

Perjudicados como Pedro Asanza cuestionan los protocolos que tiene la empresa a la hora de adjudicar planes a sus clientes y las verificaciones que se realizan antes de mandar a los presuntos deudores a coactiva y bloquearles las cuentas.

Él contó que sacaron tres planes a su nombre entre 2012 y 2014, en la agencia de CNT de Daule. También se enteró de la deuda cuando le bloquearon sus cuentas tras el juicio de coactiva, en el 2015.

“Me acerqué a CNT y luego de dos meses de solicitudes me dijeron que no encontraron ningún contrato firmado por mí. Puse la denuncia en la Defensoría del Pueblo y en julio pasado fallaron a mi favor, pero aún no me sacan de coactiva”, explicó Asanza.

Él planea demandar a CNT por daños y perjuicios y pedir una indemnización porque durante años ha estado en la central de riesgo y ha tenido que usar cuentas de amigos y familiares para realizar cobros por sus servicios profesionales.

Demandas

En cuanto sus cuentas sean liberadas, él asegura que acudirá con el fallo de la Defensoría a la Judicatura para hacer la demanda formal.

Daniel Espinoza también es víctima de este delito. Él en agosto del año pasado también descubrió que su cuenta bancaria estaba bloqueada.

Acudió a CNT y se enteró de que a su nombre habían adquirido planes y que tenía una deuda de $ 754 que con intereses sumaban más de $ 1.100.

“Pedí los contratos pero no los tenían y denuncié el caso en la Fiscalía, pero no me quedó otra que cancelar ese valor para poder acceder a mis ahorros porque mi hija acababa de nacer y necesitaba hacer pagos urgentes”, contó Espinoza, quien aún tiene la esperanza de que le devuelvan su dinero.

Este Diario solicitó a CNT información estos casos, si se ha investigado el tema y cómo es el proceso de coactiva, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta. (I)