El presidente de la República Lenín Moreno debería usar su facultad de objetar total o parcialmente los proyectos de ley que salgan de la Asamblea Nacional, para objetar el proyecto de reformas al COIP (Código Orgánico Integral Penal), "especialmente en cuanto a la despenalización del aborto en casos de violación".

Así exhortó el defensor del Pueblo Freddy Carrión Intriago en una carta que envió al primer mandatario el jueves. Ahí destacó que despenalizar el aborto por violación permitirá a "niñas, adolescentes y mujeres que resulten embarazadas producto de una violación tengan la posibilidad de decidir si continúan o no con el embarazo sin temor de ser criminalizadas".

El funcionario enfatizó que debería aprobarse la reforma con la causal de que el aborto podrá ser legal cuando "el producto de la concepción sea de una violación".

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El Parlamento rechazó el martes la despenalización del aborto por violación, violación incestuosa y malformación del feto. La iniciativa se quedó a cinco votos de ser aprobada. Tras el pronunciamiento presidencial, el proyecto regresará al Legislativo para que se pronuncie nuevamente antes de su envío al Registro Oficial.

El defensor del Pueblo recordó que, según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 17.448 niñas menores de catorce años dieron a luz en el país entre 2009 y 2016, "un número equivalente a casi la totalidad de la población de la provincia de Galápagos".

Además, señaló que "cada año 2.181 niñas menores de catorce (años) paren en Ecuador, todas ellas víctimas de violencia sexual desde un criterio legal".

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Citando datos de un estudio realizado por el Ministerio de Salud y la Senplades (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) en 2015, el defensor del Pueblo advirtió: "250 mujeres han sido judicializadas y presas en el sistema de Salud por solicitar atención por abortos en curso y/o partos prematuros, bajo la sospecha de aborto provocado. El 100 % de estas mujeres son pobres y menores de 20 años". (I)