Con la sentencia de seis años y ocho meses recibida, la tarde del viernes último, por el exgerente de Refinación de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, por tráfico de influencias, no se terminan las dificultades jurídicas de quien también fue ministro de Hidrocarburos y gerente de Petroecuador en el gobierno de Rafael Correa.

En los casi dos años de haber vuelto al país, luego de entregarse en Miami, Estados Unidos, el ingeniero químico de 63 años ha recibido hasta el momento cinco sentencias que aunque no están ejecutoriadas suman 37 años y ocho meses de condena, una causa con llamado a audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por peculado, 28 indagaciones previas vigentes y 54 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) de la Contraloría.

Justamente para la última sentencia, la Fiscalía abrió la investigación por tráfico de influencias en 2018 a partir de un informe con IRP de la Contraloría. Los contratos analizados en los que se encontraron novedades habrían sumado $ 18,4 millones, de los cuales $ 4,1 corresponderían a contratos complementarios.

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El defensor Miguel Revelo cree que en los casos que hacen referencia a su cliente Pareja Yannuzzelli se ha perdido objetividad, pues, sostiene, se está juzgando a una persona que se entregó a la justicia con el afán de colaborar y lo único que ha recibido son condenas por el solo hecho de ser Carlos Pareja Yannuzzelli. “Ya sabemos que los jueces que juzgan estos temas son jueces que mediante mail se posesionaban en el cargo”, apuntó.

Adelantó que interpondrá recursos de nulidad y apelación a la sentencia por tráfico de influencias, porque el Tribunal “ha estado juzgando a personas y no juzgó hechos”.

Desde el 8 de septiembre de 2017 en que Pareja Yannuzzelli firmó un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado, cuatro fiscales generales han pasado por el cargo: Carlos Baca Mancheno, Paúl Pérez, Ruth Palacios y la actual Diana Salazar.

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Hasta el momento ninguna de esas administraciones ha usado información entregada por el conocido también como Capaya. El argumento: que no ha sido de trascendencia lo aportado por el exfuncionario, quien desde el 25 de junio pasado permanece en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato (Tungurahua) y desde el 11 de enero último es parte del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Revelo asegura que su cliente ha entregado información importante a la Fiscalía, pero lo que ha sucedido es que esta institución no ha puesto en vigencia el convenio de cooperación eficaz a favor de las tesis que Fiscalía ha manejado y maneja. En los procesos por tráfico de influencias y en el de peculado relacionado al caso Singue, Revelo adelantó que no habían pedido que opere la cooperación eficaz, porque su cliente no tenía ninguna participación. (I)