Faltan siete días para que venza el nuevo plazo que el Gobierno se impuso para enviar a la Asamblea tres leyes clave en el campo laboral, tributario y monetario. El vicepresidente de la República Otto Sonnenholzner aseguró que las reformas al Código del Trabajo y económicas serán enviadas a mediados de septiembre.
Antes, el Gobierno había anunciado que enviaría un grupo de leyes antes de la vacancia legislativa, y otros al regreso de aquella. Sin embargo, hubo una demora.
La tardanza en el envío y posterior aprobación de las leyes genera incertidumbre en los agentes económicos e incluso postergación de inversiones, comenta José Hidalgo, director de la consultora Cordes.
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Según Hidalgo, la falta de reforma laboral causa la demora de los empresarios en contratación de personal, pues esperan conocer las condiciones.
La reforma tributaria genera expectativas por el cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacioal (FMI). Uno de ellos es aumentar la recaudación de tributos en 1,5% del PIB, es decir alrededor de $ 1.500 millones.
Sobre las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, Hidalgo consideró que estas son las que menos resistencia podrían presentar a lo interno de la Asamblea.
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Entre tanto, el Gobierno afina los cuerpos legales. En semanas anteriores, tanto el Banco Central del Ecuador como la Superintendencia de Bancos enviaron borradores de sus propuestas.
Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), destaca de la propuesta de la Superintendencia que busca alcanzar las mejores prácticas y estándares internacionales para el sector.
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También considera positivo que promueva la independencia técnica, administrativa e incluso presupuestaria de la Superintendencia.
Otro tema novedoso, dice Prado, es el abordaje sobre nuevas tecnologías, regulando o dejando establecida la posibilidad de regular a las fintechs (empresas de pagos electrónicos), crowdfunding (fondos en línea) y sandboxes (mecanismos de seguridad), quienes forman un nuevo actor en el sector.
Para Prado, la regulación actual está alejada de estándares y mejores prácticas internacionales y plantea limitaciones a los bancos, lo que complica la competitividad y aleja a inversionistas extranjeros. (I)
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