El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, reconoció este miércoles su firma y rúbrica en la acusación particular contra 25 de los 26 procesados en el caso Sobornos 2012-2016. La semana pasada la jueza Daniella Camacho dispuso que el funcionario se acerque a la CNJ para que reconozca la acusación, la cual no incluye únicamente al abogado Francisco Noboa.

Según la acusación de Procuraduría, los funcionarios públicos que hacen parte de esta trama de corrupción, fueron designados por el entonces presidente Rafael Correa, en el periodo 2012 - 2016, de manera cíclica, consecutiva y recurrente, fueron nombrados en calidad de ministros y secretarios de Estado quienes, con otros servidores de nivel jerárquico, habrían recibido, ofertas, dones o presentes, supuestamente ofrecidos y entregados por empresarios.

Los sobornos aceptados y recibidos, de acuerdo a Procuraduría, habrían beneficiado de manera directa al expresidente Correa; al Movimiento político Alianza PAIS; a Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia; a la entonces candidata y actual legisladora Viviana Bonilla; al exlegislador Christian Viteri; y a Ítalo Centanaro.

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Según Salvador, la acusación particular busca reclamar como víctima la reparación integral del daño causado en este caso por el delito de cohecho. El Procurador sostiene que de la investigación de Fiscalía existen indicios suficientes para presumir la comisión del delito por el que presentan la acusación particular. 

"El delito de cohecho afecta directamente al interés público y al patrimonio del Estado y por ello la Procuraduría ha decidido hacer parte de este proceso penal", dijo el procurador Salvador.

La jueza Daniella Camacho llevó adelante la diligencia en la CNJ. 

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Para la Procuraduria existiría un monto relativo al daño material que asciende a $22 millones y un monto relativo al daño inmaterial que ha pedido la institución al Tribunal, que en su momento sentencia, determine como un porcentaje de ese daño inmaterial adicional.  Por lo que cree Salvador que la reparación inmaterial será superior a esos $22 millones. 

Al momento se realiza la audiencia de revisión de medidas cautelares que pesan en el caso Sobornos sobre los empresarios Bolivar Sánchez, Mateo Choi y William Philips. (I)