El Consejo de la Judicatura (CJ) hizo dos solicitudes a la Fiscalía para determinar si amerita o no sancionar a servidores judiciales.

María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, indicó que se ha pedido a la fiscal Diana Salazar, que cuando la etapa procesal lo permita, les facilite toda la documentación, así como pruebas y evidencias recabadas dentro del caso Sobornos 2012-2016, para aplicar las sanciones administrativas correspondientes.

"Los fiscales pueden no proporcionar los suficientes elementos de convicción para que los jueces puedan sancionar", argumentó.

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En ese caso se investiga los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. La investigación es por presuntas irregularidades en el financiamiento de las campañas electorales del movimiento Alianza PAIS (AP) entre 2012-2016.

Señaló que también solicitaron a Salazar, que aquellos casos que reposan en Fiscalía con denuncias por presuntos delitos en contra de jueces y de servidores judiciales,  sean tramitados con "celeridad" para la aplicación de sanciones.

Según Maldonado, recibieron más de 570 expedientes administrativos sin trámite y muchos de ellos por prescribir del Consejo de la Judicatura transitorio y del Consejo de la Judicatura cesado.

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"En menos de 7 meses de accionar hemos logrado 328 decisiones disciplinarias que han involucrado a casi 500 servidores de la función judicial. En estos expedientes administrativos que sancionan de una u otra manera o investigan están también fiscales, defensores públicos, notarios y en general servidores de la Fiscalía, de la Defensoría,  de cortes, juzgados y tribunales y también del Consejo de la Judicatura", dijo. (I)