Pese a la fragmentación política y las mayorías móviles de este periodo legislativo, la Asamblea ha desarrollado trece procesos de juicio político, cuatro de estos han concluido en censura y dos en censura y destitución, incluidos los últimos de la semana pasada contra cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la exministra de Salud Verónica Espinosa.

La mayoría de bancadas reconoce una reactivación de la función de fiscalización y control político en el Legislativo, respecto de periodos anteriores. La última censura fue a la exsuperintendenta de Bancos Gloria Sabando, en el 2011.

Sin embargo, el saldo sigue siendo negativo, considerando que de los trece procesos, solo ocho pasaron al pleno y de estos, en dos no hubo votos para la censura y destitución. Son los casos de la excanciller María Fernanda Espinosa, cuyo trámite, además, tomó cerca de un año, y de Carlos de la Torre, exministro de Economía.

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Los cinco procesos restantes no pasaron de la Comisión de Fiscalización. Las causas van de la falta de votación a la ausencia de votos necesarios.

El primer escenario se dio con el exvicepresidente Jorge Glas y el segundo, con el Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Jalkh, el exsuperintendente de Bancos Christian Cruz y el exministro de Agricultura Rubén Flores, que se quedaron en “el limbo”, con menos de siete votos.

El oficialismo, aún unido, dijo que para Glas ya no cabía el enjuiciamiento, pues había sido separado de su cargo.

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Varios asambleístas que están del otro lado de Alianza PAIS (AP) y de la denominada Revolución Ciudadana (RC) consideran que el fracaso en la votación, en varios procesos, se debe a cómo estas dos agrupaciones, que tienen un mismo origen, han actuado.

Walter Gomez, Rosa Chala (sin zapatos) y José Tuárez, tres de los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social censurados y destituidos por la Asamblea Nacional. Archivo

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Patricio Donoso (CREO), segundo vicepresidente de la Asamblea, cree que “el limbo” en algunos casos responde a la mayoría que tenían AP y también el correísmo, esa es una primera etapa de la fiscalización en este periodo, pues juntos tenían 74 votos.

En la misma línea, Fabricio Villamar (antes de CREO) sostiene que “AP en sus dos presentaciones (AP y RC) sigue siendo más o menos lo mismo y a ratos se les ve cuando se unen para proteger a gente que ha estado muy cerca a los dos gobiernos, en el caso de Glas (por ejemplo)... Salvaron a María Fernanda Espinosa... Otro momento es cuando, por las diferencias, logran generarse vendettas... y les toca dejar que los procesos avancen”.

Carlos Baca Mancheno fue destituido en abril de 2018 como Fiscal General del Estado por la Asamblea Nacional. Archivo

“El propio juicio político a Glas (...), nunca la comisión resolvió nada, todavía ahí tenían compromisos entre los de AP. Casi siempre en este tipo de cosas se han cogido de la mano correístas y morenistas en el juicio político a Jalkh... a Christian Cruz y en muchos pasajes de la fiscalización ocurrió eso”, expresa Raúl Tello, del BADI.

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Pero ellos se defienden. Ximena Peña (AP) sostiene que como oficialistas es complejo tomar partido en un juicio político y que, por ejemplo, en el caso de la exministra de Salud, su defensa fue buena, pero “había un marco de revanchismo por parte del correísmo, molesto por el CPCCS”.

En tanto, para Yofre Poma (correísta), la fiscalización en este periodo es ‘selectiva’ y ‘dirigida’. Si es un correísta, avanza sumamente rápido, pero si no es, está ‘blindado’. Hay juicios políticos que nosotros no estamos de acuerdo porque simplemente rayan en la persecución, agrega. (I)