Pamela Martínez vigiló 23 procesos judiciales del 30S

Mientras asesoraba a Rafael Correa en la Presidencia de la República, Pamela Martínez dirigió una oficina externa con funcionarios públicos que vigilaban los procesos judiciales del 30 de septiembre (30S).

Esa vigilancia consistía en contactar a los jueces y fiscales que llevaban esas causas y reportar sus decisiones.

Los operadores de Martínez se reunían con fiscales incluso cuando las investigaciones estaban en etapa reservada. También obtuvieron decisiones judiciales antes de que las partes tuvieran acceso a ellas.

Los informes de estas actividades quedaron registradas en el correo electrónico personal de Laura Terán, entonces asistente de Martínez. Esa documentación ya está en manos de la Fiscalía, dentro del caso Sobornos 2012-2016.

El abogado de Terán, Luis Muñoz, aspira a que con esta información se abra un nuevo expediente. “La Fiscalía debería abrir un nuevo proceso para investigar la intervención en la administración de la justicia y las víctimas de eso... Eventualmente puede haber tráfico de influencias, peculado y asociación ilícita”, señaló.

Casi todos los informes relacionados con el 30S fueron realizados por Robert Del Hierro, quien se desempeñó como gestor de gobierno en la Presidencia de la República, entre 2011 y 2017.

Una muestra es el seguimiento que dio al juicio en contra del mayor (r) Fidel Araujo, acusado de rebelión. El 28 de agosto de 2012, Del Hierro envió a Martínez un reporte informando un fallo judicial que le negó un recurso a Araujo.

Del Hierro indicó que, luego del revés, el procesado presentó una acción extraordinaria de protección. El funcionario anotó: “Por las gestiones realizadas en la Secretaría de la Sala, el día de hoy se nos ha confirmado que se despachará este último pedido, negándose por improcedente”. Y así sucedió.

El seguimiento a este caso perduró. El 16 de marzo de 2014, Del Hierro envió otro informe en el que decía que se reunió con un juez del tribunal que debía ampliar y aclarar la sentencia en contra de Araujo, que lo condenó a tres años de prisión. El juez le aseguró que en los próximos días se notificaría el fallo.

En ese mismo reporte, Del Hierro detalló la gestión en 23 procesos del 30S, que se tramitaban en todo el país.

En ese reporte se informa sobre reuniones con fiscales que investigaban cinco casos que entraban en la etapa reservada. Entre estos se encuentran las muertes del policía Froilán Jiménez y de los soldados Edwin Calderón y Jacinto Cortez.

Otro caso se refiere al del policía Geovanny Chancusi Villagómez, quien demandó al Estado una indemnización porque no fue él quien le quitó la máscara de gas a Rafael Correa durante la revuelta del 30S.

El 7 de agosto de 2012, Del Hierro envió un correo a Laura Terán adjuntando una resolución judicial. “La copia no se encuentra con firma, toda vez de que recién por la tarde se iba a notificar a los casilleros de las partes procesales”, escribió Del Hierro.

Este Diario le solicitó una entrevista. Él indicó que ya dio su versión en la Fiscalía sobre sus actividades en la Presidencia y se excusó señalando que debía consultar a sus abogados. Tras salir de la Presidencia, Del Hierro trabajó en la Fiscalía hasta febrero del 2018. 

Diligencias

Entre las diligencias por el caso Sobornos 2012-2016, la Fiscalía dispuso, ayer, que peritos realicen, desde las 14:00, varias inspecciones oculares. En la Presidencia, para fijar y determinar el proceso de control de entrada y salida de personas y documentos, así como el ingreso a la Secretaría Jurídica. En el edificio La Unión, donde funcionaban oficinas de Asesoría de la Presidencia entre el 2012 y 2015, que se ubica detrás de Carondelet, y en el edificio Concorde, en el norte de la capital, donde también funcionaban oficinas de Asesoría de Presidencia. Los peritos tienen plazo cinco días para entregar un informe. (I)