Informe de Contraloría no entra en modelo para evaluación de jueces de la Corte Nacional

Uno de los principales insumos para la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia es un misterio. Se trata de una lista de 16 postulantes que no habrían cumplido con los requisitos legales para participar en las renovaciones parciales de magistrados.

La nómina es parte de los anexos del examen especial, aprobado por la Contraloría General del Estado en abril pasado, a los concursos para la designación de jueces y conjueces de la CNJ realizados entre 2011 y 2018.

El Consejo de la Judicatura (CJ) –encargado de los concursos– remitió a la Contraloría un oficio solicitando los nombres de los postulantes, pues únicamente fue notificado con el informe final, sin los anexos. “Es algo absurdo”, sostuvo el consejero Juan José Morillo.

Explicó que el argumento de la Contraloría es que, por ley, no pueden entregar los anexos ni los documentos de la auditoría, a menos que lo ordene un juez.

La Judicatura quiere cruzar la información para conocer si alguno de esos 16 postulantes, finalmente, se encuentran entre los 21 jueces y 15 conjueces a ser evaluados.

La evaluación de jueces se sostiene en dos pilares: por un lado, en la valoración de criterios de legitimidad y transparencia; y por otro, en la puntuación que obtengan los evaluados tras la revisión de indicadores cuantitativos y cualitativos de desempeño (gráfico).

El estudio sobre la lista de los 16 postulantes –así como la de los jueces que no han entregado sus declaraciones de bienes ni el formulario para el levantamiento del sigilo– entra en el régimen de legitimidad y transparencia, y estará a cargo del pleno del Consejo de la Judicatura, que deberá resolver si es procedente abrir un sumario disciplinario.

Respecto de la evaluación de desempeño, que estará a cargo de un comité de trece personas que no tienen relación con la Judicatura, quienes logren 80 sobre 100 puntos aprobarán; si sacan menos, dejarán sus cargos.

El vocal Jorge Moreno aclaró que “el hecho de que alguien no pase la evaluación no equivale a una sanción, sino a remoción del cargo”.

La Corte no está de acuerdo con la evaluación, pues argumenta que no hay base legal ni técnica y que podría significar una interferencia en la administración de justicia. Según Morillo, esa posición provoca una confusión injustificada, pues es una tarea contemplada en las facultades de la Judicatura y a la que están sujetos todos los funcionarios públicos.

Sin embargo, la evaluación ya está en marcha. El cronograma tentativo prevé que el 30 de septiembre próximo concluya la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos y que, inmediatamente, el 1 de octubre se notifique a los jueces sobre sus puntajes alcanzados.

Entre mañana y el 9 de agosto, el comité evaluador realizará la revisión de sentencias contradictorias presentadas por organizaciones sociales y académicas.

Lo que el Consejo de la Judicatura no ha explicado hasta ahora es cómo y cuándo se va a reemplazar a los jueces que no obtengan la calificación requerida para seguir en el cargo.

Una de las opciones, según Morillo, es que los conjueces suplan esas vacantes. ¿Y las otras opciones? “Eso lo analizaremos en el pleno; por ahora, lo que debe quedar claro es que nosotros –la Judicatura– somos los evaluadores y ellos –la Corte–, los evaluados”. 

Acciones de transparencia en Judicatura 

Información pública: En un conversatorio con la prensa realizado el miércoles pasado, los periodistas insistieron a los vocales de la Judicatura en que se necesita más acceso a documentos e información oportuna sobre el proceso de evaluación.

Veedores: Los veedores del proceso de evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional son Teodoro Coello Vázquez, Vanesa Aguirre Guzmán, León Roldós Aguilera, Gustavo Medina López y Alexandra Vela Puga.

Auditoría revela varias irregularidades

El pasado 18 de abril fue aprobado el examen especial a los concursos para la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional. El informe, de 109 páginas, está publicado en el sitio web de la Contraloría  con el código DNA1-0030-2019.

Entre las anomalías están declaraciones de bienes sin la cláusula para la verificación de datos o que más del 90% de jueces y conjueces titularizados no presentaron minutas reconocidas ante un notario.

También hay casos en que no se justifica la asignación de puntos y que, por ejemplo, en 2017, dos postulantes sin requisitos pasen de fase y sean declarados ganadores del concurso. No se citan nombres en el informe aprobado, pero sí en sus anexos. Sin embargo, estos son reservados. (I)