Uber rechazó los cuestionamientos que realizan los taxistas de Ecuador sobre la legalidad del servicio que ofrece esta plataforma.

La compañía que opera en el país consideró que los servicios intermediados por aplicativo son diferentes en su naturaleza y funcionamiento.

"Equipararlos o trasladarles condiciones propias de modelos tradicionales equivaldría a volverlos inviables", dijo Óscar Cadena, director de Asuntos Públicos para la región andina.

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Uber recordó que el  principio de neutralidad de red garantiza que los contenidos no puedan ser bloqueados y que se respete el tráfico de datos e información en la web.

El pronunciamiento de Uber surge tras reclamos que efectuaron los taxistas al gobierno, entre los que se encontraba la oposición para que operen las aplicaciones de transporte.

En el acuerdo entre la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis) y el viceministro Iván Carvallo, por parte del gobierno, se estableció que las plataformas digitales no pueden funcionar si no están regularizadas. Deben contar con un registro en la Agencia Nacional de Tránsito, con personería jurídica, que se constituyan en operadoras de transporte, que obtengan el título habilitante.

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Uber señaló que está a disposición para tender puentes con el Gobierno y otros actores del sector para desarrollar, en un marco de colaboración y coexistencia, una reglamentación que promueva la libertad de elección, calidad y seguridad de los ecuatorianos como ejes de la movilidad moderna.

Horas después de conocerse la resolución, la compañía Cabify expresó su postura en un comunicado. Exponen que "como plataforma tecnológica de movilidad ponemos a los usuarios con diferentes alternativas para moverse por la ciudad, con prácticas seguras que faciliten el día a día de las personas que usan nuestro servicio alrededor del mundo".

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Expresaron estar a favor de una regulación justa que les permita operar con normalidad. Dicen que como empresa apuestan por generar espacios de diálogo con todos los actores del sector que aseguren un marco justo y competitivo para todos. (I)