Pasaron de la etapa de diálogos a la de los acuerdos. El primer año de gobierno el presidente Lenín Moreno invitó a representantes de varios sectores y líderes políticos considerados “opositores”, para que aporten con ideas que permitan generar cambios. En este segundo año, continuó su agenda y en mayo pasado lanzó el gran Acuerdo Nacional 2030 e insistió en la participación de la ciudadanía con propuestas, independientemente de posturas políticas e ideológicas.

Y aunque los dos llamados se dieron en cadena nacional, los mensajes no han llegado del todo a los ecuatorianos. Algunos desconocen la estrategia, otros dicen no ver aún cambios en diferentes sectores y a otros tantos no les interesa o les genera desconfianza.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien lidera este Acuerdo 2030, anunció el 30 de junio los primeros resultados. La reapertura de mil escuelas comunitarias en zonas rurales, elevar a política pública el plan de mejora competitiva del cacao y sus derivados, creación del Consejo de Competitividad, créditos de hasta $ 3.000 sin garantes a los que podrán acceder los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, fueron algunos de los avances dados en los primeros 45 días, según lo ofrecido.

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El pasado jueves, el vicepresidente en Cuenca dijo que las mesas que van a demorar más son la de seguridad social y democracia, que incluye el tema de corrupción. En seguridad social prevé presentar resultados en diciembre.

Analistas coinciden en que el diálogo es una de las formas para consensuar propuestas entre gobierno y sociedad civil. Pero los criterios se dividen cuando se cuestiona si en realidad se están incluyendo a todos los sectores o si se debería centrar o darle prioridad a dos o tres temas específicos.

Ruth Hidalgo, directora de la Corporación de Participación Ciudadana, considera que la voluntad de poder sentarse varios actores, después de tanto años de estar fragmentados, es importante y positiva. Pero considera que es un plan ambicioso sobre todo porque el Gobierno no va a alcanzar todos los objetivos por el corto tiempo que le queda, por lo que se deberían discutir con prioridad tres temas: la reforma electoral que ya está en la Asamblea, reformas legales que permitan una estructura en la lucha efectiva contra la corrupción; y el destino del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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En tanto, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala que en los actos públicos de los acuerdos nacionales se habla de una amplia participación de varios sectores y sociedad civil, pero no hay una metodología dada a conocer a la ciudadanía. “Podríamos estar, por supuesto, frente a muy buenas iniciativas de reformas en los distintos ejes, pero que no sean en realidad producto de un diálogo y de un acuerdo nacional”, añade Alarcón. (I)