Annabel salió de Naranjal a Guayaquil con su bebé de 10 meses a las 04:00 del viernes. Le tomó dos horas llegar hasta la Penitenciaría; sin embargo, ya la fila llegaba a más de 300 personas. Su turno para entrar recién fue a las 13:00. Al ingresar le pidieron quitarse su ropa interior, le revisaron sus partes íntimas, le requisaron sus pertenencias. Al igual que ella, decenas de mujeres confesaron sentirse denigradas en la revisión en los filtros.

Y se preguntan si el control es tan riguroso para las visitas, por qué sigue el ingreso de armamento, drogas, entre otros objetos prohibidos a los reos.

La declaratoria de emergencia del sistema carcelario a nivel nacional rige desde el pasado jueves debido a ocho homicidios y diversos enfrentamientos, a más de decomisos de armamentos, drogas, entre otros objetos. El presidente Lenín Moreno dispuso que las Fuerzas Armadas se sumen a la seguridad en las cárceles.

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El vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo el pasado viernes que la labor que cumplirán los militares afuera de las cárceles permitirá que mil policías a nivel nacional puedan resguardar dentro de las cárceles.

Añadió que la medida también consiste en capacitar a funcionarios, aseguró que de ser necesario se removería a malos elementos.

Sin embargo, ¿qué acciones se deberían tomar para que dé resultado la declaratoria de emergencia?

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Ricardo Camacho, exsubsecretario de Rehabilitación, sugirió que en los controles militares se debe revisar desde el director del centro carcelario hasta policías, guías y el personal administrativo. Además que se debe presentar una hoja de ruta que fortalezca las cárceles a corto, mediano y largo plazo.

Para Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos, la principal acción es establecer un clima de seguridad para evitar más muertes.

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“Se deben ubicar un número mayor de guías, y uniformados que revisen las celdas y a los internos para controlar la seguridad, ya que existen armas que no se ingresan por los ingresos de las visitas ya que hay una evidente revisión de los familiares”, expresó Navarrete.

Añadió que también se debe ordenar la población carcelaria, pues existe hacinamiento en las celdas, lo que ocasiona más problemas en el orden interno.

En eso coincide Nelsa Curbelo, quien trabajó con jóvenes pandilleros en la Fundación Ser Paz. Ella expresó que lo primero es reducir el número de personas en las cárceles.

Camacho indicó que existen 41 mil personas privadas de la libertad (PPL) y hay una capacidad de 28.000 PPL. También existe un déficit de 3 mil guías en las cárceles.

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Para el director de la Penitenciaría  del Litoral, Luis Muñoz, otro problema fundamental es la falta de tecnología.

Indicó que en la Penitenciaría se requieren unas 350 cámaras  para vigilar todas las zonas, pero hay solo 30 y que también deben instalarse en la cárcel de mujeres y el Centro de Detención Provisional (CDP).

Desde la noche del viernes, los militares patrullan los exteriores de las cárceles. (I)

200 cámaras de seguridad tienen fallas en la cárcel Regional, aseguraron autoridades de ese centro.