Cada año mueren 1.680 niñas y niños menores de cinco años en México por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire, denunciaron esta semana la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la organización internacional Greenpeace.
Ambas ONG señalaron en un boletín que el número de muertes atribuibles a esta causa ha incrementado casi 60% entre 1990 y 2015, esto debido a las altas concentraciones de contaminantes, la gran mayoría vinculadas con el uso de transportes como el automóvil.
Indicaron que tan solo en 2016, último año del que se tiene registro, las muertes de personas de 0 a 4 años representaron 53,4% del total de muertes por asma en menores de 18 años.
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Además, ese mismo año se registraron 1.902 muertes por infección respiratoria aguda de niñas, niños y adolescentes, según estimaciones de las ONG con base en cifras oficiales.
Este reporte habla sobre la urgencia de generar y homologar en todo el país, políticas públicas dirigidas a mejorar los sistemas de información de los efectos de la calidad del aire en los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, hace un llamado para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cumpliera con su obligación de ajustar las normas oficiales mexicanas para garantizar los derechos de la infancia.
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La Redim recordó que la exposición continua al dióxido de nitrógeno se relaciona con diversas enfermedades de las vías respiratorias como disminución de la capacidad pulmonar, bronquitis agudas, asma y se considera culpable de los procesos alérgicos, sobre todo en niños y niñas.
Las organizaciones aseguraron que los gobiernos federal y estatales han ignorado las evidencias científicas y recomendaciones para mejorar las regulaciones que garanticen derechos a la salud y al ambiente sano para la infancia.
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Ante la crisis de calidad del aire que padece la ciudad de México en estos días –y que ha llevado a la suspensión de clases, tanto la Redim como Greenpeace pidieron a las autoridades que construyan una política pública integral que garantice la salud de niñas, niños y adolescentes. (I)