Ruth Arregui: 'Casi que hemos perdido el año en inclusión financiera’

Ruth Arregui Solano, la recién posesionada superintendenta de Bancos, habla de sus tareas y de su proceso de designación. Asegura que se buscará alcanzar estándares mundiales financieros y apoyará la educación financiera. También es partidaria de la libre competencia en cuanto a tarifas, pues fijar precios le parece “una barbaridad”.

¿Cuál es su principal objetivo o reto en el cargo?

El rol de la Superintendencia está definido en el Código Monetario: la supervisión y control de las instituciones. Por ley se debe hacer una evaluación de los riesgos y del nivel de gobierno corporativo. Antes del Código, la Superintendencia podía mirar cooperativas y también las aseguradoras, esto permitía tener una mejor visión del riesgo sistémico. Pero ahora, debido al Código y leyes que se han creado, hay una limitación. Hay que retomar –si bien no se puede ejercer el control– la función de preservar la estabilidad financiera. Hay que revisar el proceso de resolución bancaria y el entrenamiento a supervisores, a fin de que adquieran lo que se denomina “juicio experto”. Es necesario un plan de carrera en la entidad.

¿Se volvería a concentrar el control de cooperativas, aseguradoras y bancos?

No es tan fácil trasladar instituciones de control y los equipos de trabajo hoy, y hacer un proceso a la inversa después de tres o cinco años. Se puede perder la línea histórica. Sí se puede caminar en paralelo, especializando a todas las entidades. Este tema a mí no me compete. Dentro de las reformas que yo promoveré están llevar al sector bancario a mejores niveles de innovación e inclusión financiera. Casi que hemos perdido el año en inclusión financiera. Estamos mal en el acceso, uso, protección a usuarios de servicios financieros, y de transversalización de la educación financiera.

¿Qué cambios habrá por el acuerdo con el FMI?

El tema de la innovación y debemos ir a los estándares que regulan al mundo entero: Basilea. Son recomendaciones sobre riesgos y gestión de entidades, que han ido avanzando (Basilea 1, 2, 3). Ya se prepara Basilea 4, pero Ecuador se quedó en Basilea 2.

El acuerdo representa un ajuste (caída de depósitos y crédito). ¿Tomarán medidas?

Yo soy supervisor, pero debo asegurarme de la solidez y solvencia de las instituciones. A nivel de Junta se van a tratar estos temas y la superintendencia debe emitir informes técnicos para la toma de decisiones.

¿Habrá revisión de tarifas de servicios financieros?

La revisión es anual. Debería haber una revisión con la Junta e incluso con los asambleístas. Hay unas decisiones de carácter político que no son favorables para la población. Fijar precios por ley es una barbaridad porque se van al techo, debe dejarse a la libre competencia, pues así pueden bajar. Podríamos llevar una propuesta en este sentido ante la Junta. Como ejemplo: cuando se hacen transacciones en cajero automático, hay un sistema de comunicación que se paga, mantenimiento de máquina, seguridad de las claves... Si se dice baje, ¿entonces quién cubre estos servicios mínimos? Para evitar estos gastos, sería fantástico que todo se mueva a través de medios electrónicos.

En su designación se observó que es accionista de G&A y que asesoró a entidades financieras...

Me dio la impresión de que el Comité Técnico no hizo una profundización en la revisión. La primera observación que se hizo fue sobre mi título. Yo soy licenciada en Comercio Exterior de la Facultad de Economía, un título afín que lo permite la ley. Soy máster de Microfinanzas y máster en Administración de Empresas. El mandato del Consejo decía “que no haya asesorado”, en pasado, pero en el Código la conjugación está en presente, porque el conflicto de interés debe existir. Si tuviera un contrato de asesoramiento, si fuera gerente de un banco, o accionista de banco, habría conflicto. Yo tengo acciones de una empresa de consultoría, controlada por la Superintendencia de Compañías, por lo que no hay conflicto. Tampoco es cierto que haya asesorado a empresas financieras. Solo facturé a Credifé en 2018 por una conferencia.

Usted fue gerenta del BCE, lo que era una inhabilidad, pero el Consejo eliminó dicha prohibición. ¿Cree que fue por usted que se hizo ese cambio?

No. Eso fue porque se limitaban los derechos ciudadanos. No se puede llamar a una convocatoria pública con prohibiciones con dedicatoria. Si se da alguna prohibición debe ser a todos y no poner un rango de diez años.(I)