Nicaragua, país convulso, entra en un segundo año de protestas

Hace poco más de un año Nicaragua tuvo un punto de quiebre que transformó la apática vida de su sociedad en una convulsa lucha de poder entre manifestantes y el gobierno del presidente Daniel Ortega, quien ha reprimido con vehemencia cualquier intento de sacarlo del poder, el cual ostenta desde 2007 –cuando empezó su segundo mandato–.

Una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social provocó protestas de personas de todas las edades que convirtieron en protagonistas a los estudiantes universitarios.

La represión dejó más de 325 personas muertas y hundió al país en una crisis política y económica que persiste en 2019.

En 2018 se registraron 2.072 marchas, según datos del diario local La Prensa. Además, entre 779 y 809 personas están presas acusadas de golpistas, terroristas o delincuentes comunes.

Muchos de ellos han denunciado torturas física y psicológica. Organismos como la CIDH han criticado al gobierno de Ortega y lo han responsabilizado de crímenes de lesa humanidad.

Organismos de derechos humanos calculan que entre 50.000 y 80.000 personas huyeron del país bajo amenazas, persecución y desempleo, en el contexto de las protestas.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) estimó en 62.000 las personas que huyeron a países vecinos, más de 55.000 ingresaron en Costa Rica. La mayoría de estos últimos son estudiantes, exfuncionarios públicos, opositores, periodistas, doctores, defensores de DD.HH. y campesinos.

Ortega ha anunciado un polémico plan para el “retorno voluntario asistido” de estas personas, pero la iniciativa es recibida con desconfianza por opositores, que advirtieron de la falta de garantías para quienes acepten regresar al país después de sufrir persecución.

En el tema económico, Nicaragua creció 3,8% en 2018, una baja del promedio de 5,2% que tuvo de 2009 a 2017 –su pico más alto fue 6,2% en 2011–.

Era uno de los países de la región en el que más rápido crecía el PIB. En contraste, este mes el Banco Central de Nicaragua estimó en 1.453 millones de dólares las pérdidas en la economía en el último año. Incluso Canadá anunció esta semana que cesó la ayuda financiera a Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos.

Ello ha ocasionado que, según Prensa Latina, se pierdan más de 154.000 empleos.

Mientras, el diálogo no está paralizado, pese a tener como testigos a la OEA y al Vaticano, que trasladó a Roma al arzobispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, duro crítico de Ortega, quien no acepta tratar el adelanto de elecciones ni garantes internacionales o detener la represión. (I)