James Montenegro Ordóñez

• Edad: 49 años
• Profesión: Licenciado en Administración, especialista en Gestión Social y Magíster en Desarrollo Humano.
• Cargo: Gerente de Planificación, en Yachay EP, en 2018. Director, MIES, en 2013. Coordinador, Ministerio de Bienestar Social, en 2006.
• Impuestos: $ 4.531 del 2015 al 2018.
• Patrimonio: $ 140.000

Casillero 18 Hombres

El candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), James Byron Montenegro Ordóñez, suma trece años como servidor público: en el Ministerio de Bienestar Social y, más tarde, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la Senescyt y en Yachay EP.

Montenegro, especialista en Gestión Social, de 49 años, aclara que se ha desempeñado como un funcionario técnico, “sin compromisos ni aliado a partidos políticos” y recalca que no asistía a las marchas que se convocaban a favor del régimen de Rafael Correa.

Montenegro dice que se postuló al CPCCS para dejarles un mejor país a sus hijos y para ello propone dos mecanismos de prevención y combate de actos de corrupción en el sector público, medidas que deben ser incluidas, explica, en una reforma a la ley que define las atribuciones del CPCCS: una de las propuestas consiste en la creación de mesas técnicas para medir la gestión de las autoridades.

Donde más corrupción se da es en los procesos de contratación pública, la idea es crear espacios para el ciudadano para que pueda decidir en las contrataciones”.

“Hacer espacios de oposición e impugnación con la ciudadanía, que podría hacer denuncias documentadas y careos con estas autoridades, podría ser anualmente. Si se demuestra que la autoridad cometió actos corruptos, el Consejo de Participación decidirá si le permite continuar o la destituye”, detalla el candidato.

El segundo mecanismo anticorrupción se implementará en los procesos de compras públicas, propone Montenegro y explica que se conformarán comisiones ciudadanas que acompañarán a las instituciones. Estas elaborarán informes antes de la firma de los contratos.

Montenegro registra un contrato por $ 1.960 para el servicio de lavandería de chalecos para los empleados de Corposeguridad, empresa pública disuelta por el Municipio de Quito en 2009: “Tengo un hermano que tiene una lavandería y le ayudé en la administración del negocio”. (I)