Tres posturas surgen alrededor de la resolución de destitución que dictó la Contraloría contra el asambleísta Hermuy Calle, de la denominada Revolución Ciudadana (RC), por haber usado con fines proselitistas un salón de la Universidad Politécnica de Chimborazo.

La Contraloría General del Estado inscribió la inhabilidad de Calle para ejercer un cargo público, lo cual motivó a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP), a realizar una consulta para evitar posibles responsabilidades administrativas.

En tanto que Fabricio Villamar (CREO) advirtió que la Asamblea debe acatar la resolución del organismo de control y evitar responsabilidades porque se estaría pagando a una persona que está impedida de ejercer un cargo público.

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Aclaró que si bien puede seguir el proceso judicial, la orden de destitución no es una sugerencia o recomendación sino una disposición amparada en las mismas leyes que aprobó la Asamblea.

Calle insistió ayer en que no está inhabilitado para asistir a la sesión del pleno convocada para hoy a las 10:00 y aseguró que la resolución de la Contraloría no está todavía ejecutoriada porque presentó una impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

“Yo sigo siendo asambleísta, sigo asistiendo a las labores como legislador, la ley me ampara”, dijo Calle.

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Agregó que exigirá el pago de su remuneración y minimizó el registro de la inhabilidad realizado por el Ministerio del Trabajo, pues calificó como ridícula la resolución que determinó que el legislador gestionó un local en el centro educativo con fines políticos. (I)